La Fiscalía de Costa Rica lleva a cabo hoy allanamientos en casas y oficinas de los diputados Otto Guevara y Víctor Morales, y del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, como parte de las investigaciones por un caso de supuesto tráfico de influencias conocido como "el cementazo".La Fiscalía confirmó que los allanamientos se están llevando a cabo en tres oficinas de la Asamblea Legislativa, tres casas de habitación y el despacho de un viceministro Rodríguez.
En la Asamblea Legislativa las oficinas allanadas son las de los diputados Víctor Morales, separado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), y Otto Guevara del Movimiento Libertario, quién también es candidato presidencial por su partido.
La cuarta oficina es el despacho de Rodríguez en el Ministerio de Hacienda.
También han sido allanadas las casas de los dos diputados y del viceministro.
"El objetivo es recopilar prueba relacionada con el delito por el cual se les investiga: tráfico de influencias", explicó la Fiscalía en un comunicado.
La fiscal general, Emilia Navas, es quien dirige personalmente los allanamientos en el Congreso, ya que así lo exige la ley para este tipo de casos en los que están involucrados miembros de los supremos poderes.
"El cementazo" es un complejo caso en el que supuestamente el empresario Juan Carlos Bolaños fue beneficiado con modificaciones de reglamentos y créditos bancarios en condiciones irregulares para la importación de cemento desde China.
El caso plantea aparentes relaciones cercanas entre Bolaños y diputados, exministros y funcionarios del Gobierno del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, altos dirigentes de diversos partidos políticos y funcionarios bancarios.
Bolaños, detenido desde el pasado 3 de noviembre, recibió créditos por unos 50 millones de dólares de varios bancos estatales, pero el más polémico es uno de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas a los desembolsos y al utilizar cemento como parte de la garantía.
También hay serios cuestionamientos sobre la cantidad de cemento importada y sus trámites de almacenamiento en aduanas.
El anterior fiscal general, Jorge Chavarría, fue suspendido por la Corte Suprema el 13 de octubre pasado por un periodo de tres meses, con el fin de investigar si ignoró un informe del Organismos de Investigación Judicial acerca de la relación entre el empresario Bolaños y los diputados Morales y Guevara.
También fue suspendido el magistrado de la Sala III Celso Gamboa mientras se le investigan sus nexos con el empresario.
El pasado 4 de septiembre Solís compareció ante una comisión investigadora del Congreso para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con Bolaños.
Solís ha reconocido que el Gobierno aplicó cambios a reglamentos para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento, con el fin de romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores, pero ha negado que lo hiciera para beneficiar al empresario.
FUENTE: Con información de EFE - http://laestrella.com.pa
