Uno de los diarios más antiguos de Latinoamérica acaba de superar el que quizás sea el peor trance de su historia y que lo ubicó al borde del cierre: su propietario, el empresario de nacionalidad panameña y colombiana Adbul Waked fue incluido en la llamada “lista Clinton” señalado de estar al frente de una estructura de lavado de dinero sucio. Waked, dueño también de las cadenas de tiendas La Riviera y Félix B. Maduro, logró dejarlo a buen resguardo.Hace apenas un par de años Abdul Waked se perfilaba entre los magnates del lujo en América Latina. Sus tiendas La Riviera estaban ya en casi todos los aeropuertos de la región. Y sus negocios florecían. Al mando del grupo Wisa llevaba adelante la construcción de Soho Mall, un complejo comercial con dos torres de 20 pisos en Panamá: 400 millones de dólares en inversión para albergar locales de marcas como Rolex, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Dior y Carolina Herrera. Y quería hacer algo similar en Colombia y Perú. Para entonces había adquirido una cadena de tiendas de alto perfil y mucha historia: la centenaria Félix B. Maduro, a la que proyectaba hacer crecer por toda Centroamérica.
Además de participar en otros proyectos inmobiliarios de alto perfil, el empresario de origen libanés también era propietario de los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, uno de los impresos más antiguos del continente, fundado en 1849. Pero el indetenible Waked recibió un duro golpe y el legendario periódico tambaleó y a punto estuvo de desaparecer consumido en un escándalo del que acaba de salir bien librado.
Los ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibidas las relaciones de negocios con las personas y firmas señaladas por la OFAC. Y los activos de Waked en ese país quedaron congelados, entre ellos GESE, el consorcio al que pertenecen El Siglo y La Estrella de Panamá
El 5 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Abdul Waked en la lista de Ciudadanos con Designación Especial, mejor conocida como la “lista Clinton”. Junto a él, entraron otras siete personas, contando a su sobrino Nidal Waked. El Departamento del Tesoro advirtió que Waked dirigía una operación de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de un conjunto de 68 empresas. Y, como se sabe, figurar en la lista trae consecuencias. Los ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibidas las relaciones de negocios con las personas y firmas señaladas por la OFAC. Y los activos de Waked en ese país quedaron congelados, entre ellos GESE, el consorcio al que pertenecen El Siglo y La Estrella de Panamá.
El Departamento del Tesoro, sin embargo, tuvo una “consideración” con los diarios: les fue otorgada una licencia temporal para poder seguir haciendo negocios con ciudadanos y empresas de Estados Unidos hasta enero de 2017, que fue prorrogada hasta julio. Pero eso solo representaba un alivio temporal para el consorcio, para los más de 250 empleados y para sus lectores y anunciantes. Los efectos fueron casi inmediatos: en seis meses GESE se vio forzado a prescindir de al menos 30% de su personal y a tomar otra serie de medidas administrativas para mantenerse a flote. Mientras se aproximaba la fecha de finalización de la licencia -13 de julio- la inminencia del cierre planeaba cada vez más cerca: no habría una segunda renovación y ya se estaba haciendo cuesta arriba comprar papel, tinta, insumos y hasta mantener la póliza de seguro de los empleados. Le tocaba a Abdul Waked hacer alguna jugada.
El Siglo y La Estrella de Panamá recibieron el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de ese mismo año.
En Panamá el escándalo por el empresario metido en problemas dio paso rápidamente a preocupaciones más concretas: la posible desaparición de dos medios de comunicación y la pérdida de una cantidad importante de empleos. ¿Se trataba de una arremetida de Estados Unidos contra la libertad de expresión? En estricto sentido, no. Pero fue una opinión que se impuso ante la aparente intransigencia del Departamento del Tesoro.
El 3 de junio de 2016 el embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, hizo una declaración importante: las evidencias, hasta el momento, no establecían vínculos entre los diarios y la supuesta estructura de lavado cuya jefatura se atribuía a Waked. El Siglo y La Estrella de Panamá recibieron el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de ese mismo año. En la asamblea de la SIP realizada en México se acordaron algunos puntos referidos al caso, entre los que estaba: “Gestionar ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América las acciones necesarias para encontrar una salida definitiva a esta situación que salvaguarde la libertad de prensa y de expresión” y “Solicitar al Gobierno de Panamá, particularmente a la señora vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores, realizar las acciones necesarias para encontrar una salida definitiva a la situación de los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo”.
El apoyo de sectores internos fue casi unánime: gremios profesionales, empresariales y hasta la Iglesia se sumaron a la causa a favor de ambos medios. Y algunos de ellos cuestionaron la “lentitud” del gobierno panameño que, finalmente, intervino exigiendo que se prolongara la licencia de operación y a favor de encontrar una solución definitiva.
En septiembre de este año la SIP hizo una visita a Panamá para conocer detalles de la situación y enviar nuevas señales de alarma. Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, estuvo al frente de la misión: “Más allá de los problemas que tienen que sortear sus propietarios, lo que nos mueve como institución no es la defensa corporativa de estos medios, sino que no se vean comprometidas las libertades de prensa y expresión al afectarse la diversidad y pluralidad informativa, condición primordial para la salud democrática”.
En octubre –también de 2017- el Comité para la Protección del Periodismo –CPJ- también lanzó una alerta pública. “La Estrella de Panamá ha mantenido informados a los ciudadanos de Panamá desde 1849. Ahora, cuando el país se prepara para las elecciones del próximo año, puede que la existencia del importante periódico y de su publicación hermana, El Siglo, dependa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió en un informe especial Natalie Southwick, investigadora del programa de las Américas de esta organización independiente.
Para entonces –y desde hacía ya algunos meses- la existencia de estos periódicos dependía en realidad de Abdul Waked.
La llave que destranca
El 5 de diciembre de 2016 la embajada estadounidense transmitió públicamente otra información importante sobre el caso. A través de un comunicado explicó a quien quisiera leer la vía legal para que una empresa logre salir de la lista Clinton y el propio diario La Estrella divulgó el dato: la venta de la compañía.
GESE no fue el único beneficiario de licencias para mantener operaciones de forma temporal. Dentro de los negocios del Grupo Wisa también las recibieron la cadena de tiendas Félix B. Maduro y Soho Mall. Y en ambos casos no hubo que rogar –o al menos no tanto- a la OFAC por nuevas extensiones.
El 18 de noviembre de 2016 el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia dio la buena nueva: “Reconocemos a todos aquellos que aportaron a la solución de este complicado proceso. El trabajo conjunto del Gobierno, OFAC, la Embajada de Estados Unidos, los bancos acreedores, la empresa y sus compradores, ha permitido salvar más de 1.000 empleos y a una empresa icónica de Panamá”. Félix B. Maduro acababa de salir de la lista Clinton tras cambiar de dueño. Y resultó que el gobierno estaba tratando de ayudar a resolver la parte más gruesa de la crisis.
En junio de este año se anunció que Soho Mall ya estaba liberado de las restricciones impuestas por la OFAC: luego de unos meses en manos de un fideicomiso, finalmente fue adquirido por dos consorcios mexicanos, Inmobiliaria Citelis y CAABSA.
Lo que se aplicó aquí es lo que se conoce como “la regla del 50%”: cualquier empresa cuyo 50% o más esté en manos de alguien que haya entrado en la lista Clinton también pierde el acceso al sistema financiero estadounidense independientemente de si fue señalada específicamente o no por la OFAC. Pero al cambiar de dueños, el proceso contempla el levantamiento de las restricciones. Y así Félix B. Maduro y Soho Mall pudieron seguir adelante. Las gestiones, en las que participó de forma muy activa el gobierno panameño, salvaron empleos y cuantiosas inversiones.
Así que una vez resuelto esto, le tocó el turno a los diarios. O así parece, visto ahora en retrospectiva.
El presidente de GESE, Eduardo Quirós, informó el 21 de julio pasado que los abogados de Waked habían presentado a la OFAC una propuesta para resolver el asunto de El Siglo y La Estrella, aunque los detalles se mantuvieron en reserva. Ese día Quirós advirtió que había razones suficientes para esperar una respuesta positiva: el propio embajador en Panamá había señalado que los diarios no estaban involucrados en manejos turbios, hasta ese momento ni siquiera había un caso judicial contra Waked en Estados Unidos y una investigación abierta en Panamá había concluido sin recabar evidencias en su contra.
El titular que tanto quería publicar Quirós finalmente lo logró el 23 de octubre: “La Estrella de Panamá y El Siglo, desbloqueados de las sanciones de la Lista Clinton”. Tras diecisiete meses de tensión e incertidumbre, la fórmula fue desprenderse de GESE. Pero con una variante casi “magnánima”: Waked entregó 51% de sus acciones a la recién creada Fundación Publicando Historia, “a título gratuito y como donación irrevocable”. Y algo más aclaró La Estrella: “Todos los beneficios de la fundación serán exclusivamente para los periódicos”. Al frente de Publicando Historia están Quirós, el ex embajador Eloy Alfaro de Alba y el ex vicepresidente y ex canciller Samuel Lewis Navarro.
El embajador John Feeley, a quien por momentos se le hizo ver como el malo de la película, celebró el acuerdo: “Mis colegas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y yo felicitamos a todas las partes involucradas en el exitoso esfuerzo mancomunado de restablecer el acceso sin restricciones al mercado y sistema financiero de los Estados Unidos al Grupo Editorial La Estrella de Panamá y El Siglo (GESE)”. Pero en medio de la “fiesta”, también le tocó recordar que Adbul Waked aun está bajo el microscopio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por su presunta vinculación en el lavado de capitales provenientes del narcotráfico.
En el papel
Los señalamientos contra Abdul Waked –y contra su sobrino Nidal- no son cualquier cosa. La nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro el 5 de mayo de 2016 los identifica como los cabecillas de una compleja red de blanqueo de capitales sucios al servicio de “múltiples” organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico, de acuerdo a investigaciones realizadas por la Drug Enforcement Administration, DEA; autoridades fronterizas y el FBI de Miami. Y los considera como “Specially Designated Narcotics Traffickers”.
La acusación incluye a otros miembros de la familia Waked: tres hermanos de Nidal y un hijo de Abdul, quienes serían colaboradores y participantes activos en el esquema. Y se refiere en concreto a las empresas utilizadas para estas operaciones: Grupo Wisa, la importadora/exportadora Vida Panamá; Soho Panamá; Balboa Bank & Trust y el holding Strategic Investors Group.
De nacionalidad colombiana y panameña, Nidal Waked, propietario de Vida Panamá, fue capturado el 4 de mayo de 2016 al llegar a Colombia proveniente de Panamá. Estados Unidos solicitó su extradición y desde enero de 2017 permanece detenido en Miami. En declaraciones a medios de comunicación, ha insistido en que no tiene sociedad en ningún tipo de negocios con su tío Abdul (quien también tiene la doble nacionalidad, además de ser libanés), a quien considera como “un segundo padre”. El pasado 19 de octubre logró un acuerdo judicial que –según su abogado- libera a las empresas que posee y lo libera a él mismo de una posible acusación por lavado de dólares provenientes del narcotráfico.
La Estrella lo explicó así al reseñar el arreglo: “Según el abogado, su cliente aceptó haber falsificado facturas por las que se obtuvieron desembolsos de una línea de crédito de un banco panameño para realizar transferencias con las que pagó, en un banco de La Florida, la financiación de sus empresas en Miami. Durante esa transacción, según reconocieron tanto la Fiscalía como la defensa, no hubo lesión alguna contra los bancos, dado que capital e intereses fueron cancelados. Los cargos por conspiración para lavar dinero producto del narcotráfico, como se señalaba en su imputación, se han desestimado, toda vez que la Fiscalía aceptó que (esa actividad) no se produjo y así se consignó en el acuerdo. En el acuerdo o “plea agreement”, que es público, se especifica que Estados Unidos abandona las acusaciones remanentes contra Waked, según se señalaron en el “cargo uno” de su imputación, por supuesta conspiración para lavar dinero producto de (a) transacciones bancarias a través de falsificación de facturas y (b) actividades relacionadas al narcotráfico. Su abogado subrayó que solo se le juzgará por las transacciones reconocidas como ilegales en las operaciones bancarias y que, además, Estados Unidos convino en “conseguir que se desestimen” los cargos restantes contra Waked”.
Aunque la decisión final está pendiente, el arreglo podría significar una considerable reducción de la pena que encara Nidal Waked: la Fiscalía pidió 50 años de prisión, pero esto abre las puertas para una condena a 10 años y la posibilidad de que los últimos 5 los pase en libertad condicional. ¿Habrá cargos contra su tío Abdul? Esa es otra parte de la historia que aun está por verse.
FUENTE: Con información de Oscar Medina - https://vertice.news - (PULSE AQUÍ)
