El rechazo entre los diputados por los nombramientos realizados por el presidente Juan Carlos Varela para la Corte Suprema de Justicia crece cada día más. Ayer, fue la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien se mostró contrario a las designaciones de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore y consideró que el presidente "debe ser castigado" con la no ratificación de estas abogadas."Uno no puede estar con un pie para adelante y otro para atrás en materia de participación ciudadana", dijo la diputada.
Las palabras de Gómez se dan porque para la designación de Tovar de Zarak y de Moore, el presidente decidió usar solo su facultad constitucional para designarlas y no llevar este proceso a un periodo de consultas ciudadanas, algo que él había prometido en su campaña para las elecciones del año 2014.
Hay que recordar que en el año 2015, para la designación de los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo, el presidente de la República sí llevó estas designaciones a un periodo de consulta pública, en la que participaron el Colegio Nacional de Abogados (CNA), sociedad civil, entre otros.
Gómez calificó las designaciones de Tovar de Zarak y de Moore como un "cínico retroceso" en materia de fortalecimiento democrático e institucionalidad, esto por la forma en que el presidente Varela ha desconocido la participación ciudadana.
Según la diputada, la Asamblea Nacional no es la que está llamada a hacer el proceso de participación ciudadana, ya que el hemiciclo legislativo por sí mismo representa a las mayorías, las cuales escogen a los diputados para que hablen por ellos, algo que es parte de la democracia.
Escenario
A partir de hoy, son solo cinco días que les quedan a los diputados para la ratificación o no de Tovar de Zarak y Moore como magistradas titulares, así como de Luis Camargo, Katia del Carmen Di Bello y Judith Cossú de Herrera, como magistrados suplentes.
Cabe destacar que si los diputados de las bancadas del PRD y del CD mantienen su postura de no ratificar a las abogadas Tovar de Zarak y Moore, como anunciaron la semana pasada, tanto Oydén Ortega como Jerónimo Mejía deben mantenerse como magistrados de la Corte hasta que se nombre a sus reemplazos.
El problema de esto, a juicio del abogado Ernesto Cedeño, es que se está anunciando que para el 2 de enero se va a escoger la nueva junta directiva de la Corte, y no debe haber una reelección del actual presidente, José Ayú Prado, porque no debe existir la continuidad.
Cedeño considera que lo saludable sería esperar hasta que lleguen los nuevos magistrados para que se haga la elección de la nueva junta directiva.
Metodología
Ayer martes, los miembros de la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Quirós, se reunieron para aprobar la metodología que se usará para la ratificación o no de los magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
Entre lo aprobado está el permitirles a los gremios, miembros de la sociedad civil y personas independientes exponer por un periodo de 10 minutos su aprobación o rechazo a las designadas por el Órgano Ejecutivo.
Hasta el momento, la Secretaría de la Asamblea ha recibido unas 45 solicitudes para participar en esta consulta ciudadana, las cuales deben contar con la presencia de las designadas.
Ante esto, Dionicio Rodríguez, presidente del CNA, indicó que para hoy estará presente en la Comisión de Credenciales ratificando su postura para que Moore y Tovar de Zarak no sean ratificadas.
Rodríguez destacó que las dos designadas por el Ejecutivo, en vez de llegar con justas y honestas razones en cuanto a los criterios objetivos de designación, se ven enmarcadas en falta de credibilidad por sospechas de dependencia, objetividad e imparcialidad futuras a favor del ente que las nominó a este cargo.
Corte Suprema rechaza realizar una investigación penal a diputados
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó realizar una investigación penal a los diputados por el manejo de las partidas circuitales.
Según un fallo de la Corte, al Pleno se le ha conferido constitucionalmente la competencia privativa para investigar y procesar los actos delictivos que se sigan contra los diputados y sus suplentes, no así con asuntos de índole administrativo, una función reservada para la Contraloría.
En el caso de las partidas circuitales, la Corte Suprema de Justicia señala que tratándose de una materia contenida y regulada dentro de las normas que rigen la función fiscalizadora de la Contraloría, el Pleno no puede asumir una investigación penal.
“De ningún modo se puede esperar que el Pleno actúe sobre una petición de auditoría formulada en sede administrativa para la investigación de un posible delito que no fue denunciado ni analizado jurídicamente por el Ministerio Público”, manifiesta el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
FUENTE: Luis Miguel Avila - http://panamaamerica.com.pa
