domingo, 8 de abril de 2018

(España) La única profesora que sí firmó el acta alega que lo hizo por la presión del jefe del máster

Cecilia Rosado, la única profesora de la Universidad Rey Juan Carlos cuya firma no fue falsificada en el acta clave del máster de Cristina Cifuentes, alega que lo hizo bajo la intensa presión del director del máster, Enrique Álvarez Conde. Así lo afirman fuentes conocedoras del caso. El catedrático ha reconocido públicamente que conminó a sus discípulas a preparar el documento que avalase a la presidenta de la Comunidad de Madrid pero señala que lo hizo por la "enorme presión" del rector, Javier Ramos, algo que este ha negado tras admitir que ese acta está falsificada. Las tres profesoras sostienen en privado que ninguna acudió el 2 de julio de 2012 al tribunal que supuestamente evalúo el trabajo de Cifuentes, por lo que confirman lo adelantado por El Confidencial de que había firmas falsas y que nunca existió ese tribunal.

Cuando el 21 de marzo eldiario.es desveló la falsificación de las notas del máster de Cifuentes, la presidenta esgrimió como un documento clave el acta en la que tres profesoras del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos le daban un 7,5 en su lectura del trabajo fin de máster. El Confidencial publicó después que el acta era falsa, que se elaboró ese mismo 21 de marzo y no en 2012, que dos de las firmas estaban falsificadas (ratificado por un peritaje) y que nunca hubo tribunal.

Solo una profesora, la presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, acudió a la "información reservada" que llevaba a cabo la Universidad. Allí declaró que esa no era su firma y que nunca estuvo ese día. El rector hizo pública su contundente declaración por escrito [aquí, la versión íntegra]. Después, la Cadena SER afirmó que una segunda profesora, Clara Souto, que figuraba como vocal en el acta falsa, también sostiene que su firma está falsificada (como señaló el peritaje).

La tercera, Cecilia Rosado, que figuraba como secretaria del tribunal, sí firmó. Pero según fuentes del caso mantiene que lo hizo bajo la intensa presión, casi coacción de Enrique Álvarez Conde. "La relación entre un catedrático y sus discípulas en España es casi de esclavo. Le deben su carrera y todo", explica un catedrático de la Rey Juan Carlos que pide el anonimato. Álvarez Conde admitió a este diario que fue él quien les conminó a apañar un documento. "Les dije que lo hacía por orden del señor rector, y lo dije en el mismo despacho del rector, con la presencia multitudinaria que había y con intervenciones de mucha gente. 'Enrique, arréglalo'. En el sentido de elaborar un documento interno para el rector. No oficial. Que debería reflejar en la medida de lo posible lo que sucedió en 2012", declaró.

La versión de Rosado es que hablaron entre ellas y aceptaron realizar el favor a Álvarez Conde, pero sin calibrar las consecuencias. Para ellas fue una decisión tomada a la ligera por el bien de la Universidad y de su mentor, sin medir las consecuencias del escándalo y las repercusiones que podría llegar a tener si se descubría. Incluso llegaron a hablar de dar una versión conjunta pero eso duró poco ante el enorme riesgo que suponía: mejor admitir un error cometido bajo presión que jugarse la carrera por Cifuentes. Álvarez Conde afirmó ayer que en ningún momento pretendían reconstruir el acta original —que no aparece y la Universidad ya no garantiza que Cifuentes leyera el documento— sino crear un documento no oficial para el rector. La cúpula de la Universidad pidió que se lo mandaran por un Gmail y no por el correo oficial.

Ahora las tres profesoras han buscado defensas por separado. Dos de ellas afirman que su firma fue falsificada pero la tercera sostiene que la componenda se hizo con conocimiento de todas. En cualquier caso, el propio director del Instituto de Derecho Público ha admitido que fue él quien las conminó a hacerlo y que fue un error. Las dos profesoras nunca han dicho que esa fuera su firma y ante la primera ocasión de declarar así lo dejarán claro. La tercera esgrime la presión. "Yo defenderé en todos los foros a mis discípulas. Si hay más foros lo haré también", ha señalado Álvarez Conde.

Además, según fuentes del caso, todas mantienen que no estuvieron el 2 de julio de 2012 en el supuesto tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes, algo que Álvarez Conde afirma desconocer. La presidenta madrileña se presenta como una víctima del mal funcionamiento de la Universidad. Sostiene que ella leyó su trabajo ante un tribunal que no recuerda, aunque no hay en la Universidad ni memoria del trabajo fin de máster ni el acta original de la lectura.

FUENTE: Con información de RAFAEL MÉNDEZ - JOSÉ MARÍA OLMO - (PULSE AQUÍ)
 

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