Las violaciones por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, a la Constitución Política de Panamá son constantes, esto al inmiscuirse en los otros dos poderes del Estado. Estas violaciones por parte del mandatario a la Constitución Política de Panamá se han realizado de forma sistemática, de acuerdo con .En el caso del poder legislativo, expertos han indicado que la influencia del mandatario para manipular este órgano del Estado ha sido notable. Esto para controlar la junta directiva del Legislativo en los cuatro primeros años de su gobierno y de alguna manera lograr aprobar leyes que eran de su conveniencia.
Todo esto, a pesar de que la bancada del partido oficialista es minoría en la Asamblea Nacional (AN).
Este control le dio la oportunidad al mandatario de impulsar importantes nombramientos como el del actual contralor de la República de Panamá, Federico Humbert, y de la procuradora de la nación, Kenia Isolda Porcell, etc.
Funcionarios que con sus actuaciones están favoreciendo al Ejecutivo, aseguran expertos.
Sumado a esto, el mandatario también impulsó los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia de los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise.
Algo que quería volver a realizar al tratar de imponer como magistradas a la fiscal Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, para las Salas Penal y Civil, las cuales fueron rechazadas por los diputados de la Asamblea Nacional.
Este rechazo ha provocado una ola de acciones contra la Asamblea entre las que están auditorías por parte del contralor Humbert y la reapertura de casos legales contra opositores, los cuales, según expertos, han tomado partida a favor del Ejecutivo en la lucha contra el poder legislativo.
Acciones que de alguna manera están enfocadas en impedir el libre funcionamiento de la Asamblea Nacional, como han asegurado algunos expertos.
Luego de esto, el presidente Varela ha postergado estas dos designaciones por más de cinco meses y ha usado diferentes excusas para no enviar a la AN dos nuevos candidatos para magistrados de la Corte.
Esta situación ha mantenido al sistema de justicia panameña funcionando de manera incompleta, ya que hasta la fecha los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, a los cuales se les venció su periodo el 31 de diciembre de 2017, no han sido reemplazados.
Esta acción ha provocado que no se haya podido establecer la nueva junta directiva de la Corte.
En este sentido, el exmagistrado de la Corte Edgardo Molina Mola indicó que más que intromisión, lo que el presidente está cometiendo es una dilación al demorarse en cumplir con sus obligaciones, y que está afectando la administración de justicia.
"Esta situación está afectando la directiva de la Corte y su funcionamiento; hay que recordar que también hacen falta tres o cuatro suplentes por nombrar, lo que de alguna forma recarga el trabajo de los magistrados suplentes que están", dijo Molino Mola.
VEA TAMBIÉN: Elías Castillo: Denominación de 'padres de la patria' nos queda grande
Atención
Para el abogado Silvio Guerra, la Constitución prescribe en su artículo 1 la naturaleza del Estado panameño y como se organiza.
También establece que el poder público solo emana del pueblo, y que el Estado, conforme a la Constitución, lo establecen los órganos Legislativos, Ejecutivo y Judicial, que actúan separadamente, pero en armónica colaboración.
Frente a esto, el jurista Guerra indicó que toda acción del Ejecutivo destinada a entorpecer las funciones de otro órgano del Estado está prohibida constitucionalmente.
Cifras
3 son los magistrados titulares que hacen falta por nombrar actualmente en la Corte.
191 es el artículo de la Constitución que hace referencia a las actuaciones del presidente.
Las más leídas
FUENTE: Con información de Luis Miguel Avila - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
