viernes, 24 de agosto de 2018

(España) El Gobierno se hará cargo de los restos de Franco si la familia se niega a aceptarlos

El Gobierno ha decretado que el enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos es ilegal. Atendiendo a la ley de Memoria Histórica (2007), al informe de los expertos sobre el Valle de los Caídos (2011), a un informe de la ONU que pedía acabar con la anomalía de Cuelgamuros (2014) y a un acuerdo parlamentario de 2017, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha apuntado su primera muesca. Después de 40 años de democracia, un presidente con solo 84 diputados y menos de tres meses en el cargo ha desalojado al dictador de una tumba con honores, lo que sus predecesores o no quisieron o no pudieron afrontar. El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros sirve para reparar esa anomalía, pero, sobre todo, tiene calado político. "No hay ni una sola razón de fondo para que la democracia española no se sienta digna consigo misma", ha declarado la vicepresidente Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta, la encargada del solemne anuncio, quiso dar trascendencia al momento. "Es completamente inasumible para una democracia madura que tenga una tumba de Estado en un lugar público". Añadió que por "la paz, la concordia y la dignidad de las víctimas" de la Guerra Civil, el Gobierno "no puede perder ni un instante". "No hay ninguna democracia que sostenga esa situación, no es compatble con una tumba de Estado en la que se sigue exhaltando la tumba de Franco".

Franco nunca dictaminó que debía ser enterrado en el Valle de los Caídos, la obra faraónica construida por presos republicanos entre 1940 y 1958. Acostumbrado a dar órdenes, nunca dio la de qué había qué hacer con sus restos. Fue Juan Carlos I el que en 1975 mandó enterrarlo en el Valle. Su familia ocupa un panteón en Mingorrubio, en El Pardo.

Sobre por qué dos presidentes socialistas habían dejado a Franco en su lugar destacado, Calvo admitió que la medida llegaba con retraso: "Todos llegamos tarde". Solo Zapatero abordó la situación del Valle. La ley de Memoria Histórica estableció que el Valle de los Caídos se debía "regir estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos" y que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo". Pero en el Valle se mezclan tantos intereses (Patrimonio, el abad, que no depende de la Conferencia Episcopal sino de Roma, la familia...) que el enterramiento de Franco quedó para un informe posterior. Este, de un grupo de expertos, concluyó que Franco no debía estar enterrado allí porque no murió en la Guerra Civil, aunque ni siquiera ellos tuvieron unanimidad.

Es a ese dictamen en el que el Moncloa ha encontrado la palanca jurídica para sacar a Franco. La reforma de la ley de Memoria Histórica, puntual y por decreto ley, añade al sencillo artículo sobre el Valle de los Caídos que no podrá albergar restos de fallecidos fuera de la Guerra Civil. No menciona a Franco pero su cadáver embalsamado impregna el breve texto.

El domingo entrará en vigor el decreto ley y la semana que viene el Gobierno aprobará el inicio del procedimiento de exhumación. Ahí la familia será escuchada y podrá recurrir a la justicia ordinaria, pero el Gobierno ya va respaldado por una ley. El Ejecutivo calcula que los trámites se pueden alargar hasta final de año. El problema será si los Franco no se hacen cargo de los restos. Entonces el Gobierno tendrá que asumir qué hacer con el cadáver del dictador, un escenario en el que Calvo no quiso ponerse. Entonces tendría que darle sepultura el Estado como ocurre con los casos en los que los familiares no asumen un cadáver o no se encuentran. El Gobierno anunció que será un "enterramiento digno" y tendrá que ser católico. "Si la familia considera que no se pronuncia o discrepa será el Gobierno quien decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos mortales de Franco", afirmó Calvo.

Pocas cosas más simbólicas va a hacer Sánchez en su legislatura. Por eso intentó hacerlo nada más llegar al poder, pero la familia se opuso y amenazó con acciones legales. Sonarían a farol, a jugada sin recorrido, si no fuera porque la Fundación Franco y satélites han conseguido sonoras victorias en los tribunales, desde anular cambio de nombre de calles a revocar la salida del general golpista Sanjurjo de la cripta en la que estaba enterrado.

Una ley evitaba eso. Reduce al mínimo las opciones de la familia para recurrir. Un particular no puede acudir al Constitucional, algo reservado a un grupo de diputados, comunidades, el defensor del pueblo... Los Franco pueden intentar impugnar el desarrollo de la ley, pero su victoria cotiza bajísima en las apuestas. Porque la exhumación no será inmediata: la familia tendrá trámite de audiencia.

Calvo despachó las críticas al uso de la figura del decreto ley, reservada a un procedimiento de "extraordinaria urgencia y necesidad". Según esta, es el Ejecutivo quien decide qué es urgente y que en este caso señaló que es incomprensible que haya una ley de 2007 que prohibía la exhaltación de Franco en el Valle y señaló que quien señala al dedo del procedimiento es porque en realidad quiere que Franco siga en su tumba en Cuelgamuros.

El informe de los expertos también proponía que José Antonio Primo de Rivera no ocupara un lugar destacado en el Valle de los Caídos, aunque, como víctima de la Guerra Civil, sí podía estar ahí. El Gobierno de momento lo deja en su lugar. Abordará dentro de un mes la situación de la tumba del fundador de la Falange y otras cuestiones como la anulación de sentencias del franquismo. Porque el decreto ley sobre Franco se tramitará después como ley, para que los grupos puedan presentar enmiendas. El PSOE desarrollará ahí la proposición de ley que presentó hace unos meses en el Congreso y que tiene fallos técnicos.

FUENTE: Con información de RAFAEL MÉNDEZ - https://www.elconfidencial.com ->> Ir
 

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