La juez Primero Penal Águeda Rentería Sánchez, en su sentencia N° 71-18, de fecha 14 de septiembre de 2018, ordenó decomisar $6.1 millones más los intereses generados, que se le habían aprehendido a Cucalón y que se encontraban en una cuenta bancaria.
Además, lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, por igual término, una vez cumplida la pena principal; es decir, los ocho años de cárcel, de los cuales la juez Rentería le computó el tiempo que estuvo bajo detención preventiva, desde el 25 de mayo de 2015 hasta la fecha.
La jueza ordenó el levantamiento de la aprehensión provisional que pesaba sobre diferentes cuentas bancarias, al considerar que no se han incorporado elementos probatorios que demuestren que sean objeto de investigación por delitos contra la economía nacional u otros delitos.
Cucalón era el jefe de la Dirección General de Ingresos del MEF cuando se firmó el contrato y también fue administrador de la desaparecida Autoridad Nacional de Ingresos Públicos.
Por este caso, también fue condenado Cristóbal Salerno, quien aceptó un acuerdo de pena con el Ministerio Público, donde se le impuso la pena principal de prisión y la accesoria del comiso acordado entre las partes. Salerno era dueño de Cobranzas del Istmo y fue condenado a 48 meses de presión que fueron reemplazados por 500 días multa a razón de $600 por día.
Salerno, además de devolver $20.6 millones, pagó $300,000 para evitar ir a la cárcel.
Entre Salerno y Cucalón devolvieron al Estado alrededor de $27 millones.
Este proceso se inició con la querella interpuesta por Diógenes de La Rosa en representación de Dulcidio De La Guardia, en calidad de ministro de Economía y Finanzas por supuesta falsificación ideológica de documento público.
El fallo del Juzgado Primero Penal, que condena a Cucalón, está siendo notificado a las partes, por lo que puede ser recurrido en apelación, señaló el Órgano Judicial.
FUENTE: Con información de José Arcia - http://laestrella.com.pa ->> Ir