En la administración de Juan Carlos Varela, el trabajo del Consejo de Seguridad ha ido más allá de sus límites, penetrando al Ministerio Público (MP), la Iglesia católica y medios de comunicación escritos, con la filtración de expedientes armados por sus agentes encubiertos. El hombre a cargo de este organismo es un militar graduado en Ecuador y vinculado al aparato de inteligencia de la Policía Nacional por más de 10 años: Rolando López.Se trata de la ficha perfecta que encontró Varela para su venganza política, la cual ubicó al frente de la institución más temida por los políticos y la sociedad civil.
Antes de asumir este cargo, Rolando López era un comisionado de bajo perfil que durante el gobierno de Ricardo Martinelli estuvo asignado al Servicio Nacional de Migración (SNM).
En 2014, Rolando López estudiaba una maestría en Derecho y una de sus profesoras era Kenia Porcell.
Al ser nombrado por Varela en el Consejo de Seguridad, Rolando López invitó a Porcell a ser parte del aparato, asignándole la confección de los expedientes que ella más tarde quedó procesando en el Ministerio Público.
Rolando López ha narrado que al principio, la persona que asistía a las reuniones en el Palacio de las Garzas, en nombre del Consejo de Seguridad, era Porcell.
Afirman que fue esta conexión la que llevó a Porcell a conseguir la designación como procuradora.
Antes de irse al Ministerio Público, Kenia Porcell dejó varios expedientes armados, contó una fuente interna de esta seguridad.
Todos sus objetivos eran rivales políticos de Varela, específicamente personas cercanas a Martinelli, como lo instruyó el mandatario.
Luego de esto, López se convirtió en uno de los hombres de más poder dentro del círculo de Varela.
López también ha logrado colocar sus fichas militares en ministerios clave y entidades sensitivas como Aduanas y el Ministerio de Seguridad, con Alexis Bethancourt, quien también pasó por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
También sumó al Consejo de Seguridad a colaboradores políticos de otros gobiernos como Rafael Mezquita, Jaime Abad, Mitchell Doens y otras figuras.
Hoy día, López atraviesa por su peor crisis, ya que varios testigos del caso de las escuchas telefónicas lo señalan como la persona que los presionó a declarar en contra de Martinelli.
Es decir, fueron usados para los planes políticos del actual gobierno, como ahora sienten el exembajador de Estados Unidos John Feeley y monseñor José Domingo Ulloa.
López ha sido señalado por investigar ilegalmente al exmagistrado Víctor Benavides, por parte del analista político José Isabel Blandón, luego de que este revelara detalles de un encuentro que sostuvieron.
Además, está relacionado con la filtración del caso del padre David Cosca a un medio de comunicación escrito, una supuesta estrategia organizada en la Presidencia para desviar la atención pública.
Porcell ha evitado pronunciarse sobre los señalamientos que pesan sobre López, quizás por la relación personal entre ambos.
En tanto, el funcionario ha negado cualquier vínculo con los pinchazos telefónicos en este gobierno.
Pero su versión contrasta con las indagatorias de tres funcionarios del Consejo de Seguridad ante la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, dentro de las investigaciones del caso de las escuchas telefónicas y la desaparición de una máquina pinchadora.
Los agentes Carmen Esther Salinas, Rafael Sánchez e Isis Ernestina Valdés declararon bajo juramento, que la entidad sigue dándoles seguimiento a sindicalistas y líderes de grupos de presión, de los que no escapa la sociedad civil.
A su vez, ratificaron que la entidad tiene bajo su operación máquinas de interceptación telefónica.
Salinas, quien opera con el seudónimo de "Raquel" o "La Profe", dijo en su indagatoria del 10 de marzo de 2015 que la interceptación telefónica es una actividad regular en el Consejo de Seguridad y ratificó que la entidad mantiene estos equipos.
La testigo afirmó que se siguen haciendo seguimientos a grupos y personas civiles que atentan contra el "orden público".
Asimismo, el agente Rafael Sánchez, quien opera con el seudónimo de "Leonardo", sostuvo que la entidad continúa dándoles seguimiento a "grupos sindicales de todo tipo, los que hacen medidas de presión como huelgas, marchas, cosas así".
Indicó que en cada protesta se hace un informe que incluye fotos y videos tomados desde celulares.
Además, a líderes sindicales y a los que denominan agentes de presión se les da seguimiento a través de redes sociales e información que proporcionan fuentes humanas.
Entre las actividades en las que se ha infiltrado Sánchez están las de Suntracs, estando López al frente del Consejo de Seguridad.
Isis Valdés, cuyo seudónimo es "Tamy", afirmó en su declaración jurada que el Consejo es una entidad de inteligencia donde "lógicamente se realizan trabajos de seguimiento, vigilancia, porque trabajamos con el crimen organizado".
Reconoció que uno de los departamentos de trabajo es el de Grupos de Presión donde se les da seguimiento a líderes sindicales y de la sociedad civil.
A pesar de estos testimonios, López se niega a aceptar que el Consejo de Seguridad se utiliza para espiar a la sociedad civil.
Cifras
10 mil dólares por mes gana el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad.
263 número del decreto ejecutivo de marzo de 2010, que crea el Consejo de Seguridad Nacional.
FUENTE: Con información de https://panamaamerica.com.pa ->> Ir
