La defensa de Ricardo Martinelli Berrocal presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tres amparos de garantías constitucionales en contra de decisiones adoptadas dentro del proceso que se le sigue por supuestas escuchas telefónicas.El primero de los recursos es contra la orden de hacer juicio oral, contenida en la decisión emitida por el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, mediante la cual niega la admisión de la segunda parte del peritaje informático forense propuesto por la defensa del expresidente.
En su momento, la defensa indicó que para poder realizar una mejor defensa, le era fundamental poder acceder al contenido de estos equipos tecnológicos, pedido que le fue negado por el magistrado Mejía.
Esta medida, según su defensa, lo ha dejado desprotegido y en indefensión procesal, ya que la decisión demandada contraviene las garantías constitucionales que operan a favor de su defendido y no permiten el debido contradictorio como elemento de equilibrio e igualdad procesal.
La defensa de Martinelli indica que con esta decisión se violó el artículo 32 de la Constitución, que indica que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.
Por esta razón, la defensa del expresidente pidió que se admita y se acoja la acción de amparo de garantías en contra de la decisión tomada por el magistrado Jerónimo Mejía y se permita realizar al peritaje informático.
La segunda acción de amparo de garantías presentada por la defensa del hoy candidato a diputado por el circuito 8-8, es contra la decisión que tomó el magistrado Mejía el 26 de noviembre de 2018, mediante la cual dictó el auto de apertura de juicio oral en contra de Ricardo Martinelli.
La viabilidad de este amparo de garantías recae en que se están vulnerando flagrantemente los derechos y garantías fundamentales del exdiputado del Parlacen, ya que el juez de garantías ordenó la apertura a juicio sin ser competente para conocer de la causa, sin existir formulación de cargos y sin emitir y entregar a los presentes el auto de apertura a juicio.
La apertura a juicio debe hacerse por escrito y hasta la fecha, a la defensa, dicho documento no le ha sido entregado por el juez de garantías Mejía, quien no poseía ni posee competencia para llevar a cabo tales decisiones.
El tercero de los recursos es un amparo de garantías contra la acción de Jerónimo Mejía de blindar parte del sumario, ya que la defensa no ha tenido acceso a siete cuadernillos que el propio Mejía consideró como reserva.
Ante esto, el abogado Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Martinelli, indicó que en el caso de esos siete cuadernillos no se permitió ni se tuvo contradictorio y se mantienen en reserva. Esto, a pesar de que en el Sistema Penal Acusatorio no hay reserva de pruebas.
Este amparo de garantías constitucionales quedó en manos del magistrado Abel Zamorano.
Ante esto, Carrillo indicó que Zamorano, quien quedó como ponente de este amparo, se debe declarar impedido, porque Martinelli lo acusó hace 15 días en la Asamblea Nacional.
Esta denuncia penal fue presentada por el abogado Alejandro Pérez y en la misma también se incluía a Luis Mario Carrasco, suplente de Mejía, a quienes se les acusó de la presunta comisión de los delitos de omisión de deberes y abuso de autoridad.
Zamorano y Carrasco votaron en contra de la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de declinar la competencia del conocido caso de los pinchazos telefónicos que se le sigue a Martinelli.
Dentro de esta denuncia penal se acusa a Zamorano y Carrasco de no redactar sus salvamentos de votos, lo que mantuvo dilatada la formalización del fallo hasta el jueves pasado.
Pérez también pidió a la Comisión de Credenciales entrevistar al expresidente en El Renacer para que responda sobre el proceso que se le sigue.
No fue sino hasta el pasado jueves 3 de enero cuando salió el edicto en el que se pone de conocimiento la declinación de competencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se le sigue a Ricardo Martinelli.
En el documento se detalló lo que resolvieron los magistrados el pasado 7 de diciembre de 2018, que fue conceder el amparo de garantías al expresidente y revocar la decisión del magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, el 25 de junio de 2018, de mantener la competencia del caso.
Se pudo conocer extraoficialmente que el próximo viernes 18 de enero, la Corte Suprema de Justicia estaría enviando el expediente completo del caso seguido al exmandatario por las supuestas escuchas telefónicas al Sistema Penal Acusatorio.
Cifras
18 de enero próximo, se espera que el expediente dentro de este caso sea enviado al SPA.
7 de diciembre de 2018, el pleno de la Corte declinó la competencia en este caso.
FUENTE: Con información de https://panamaamerica.com.pa
