Estos factores restarían libertad a los ciudadanos porque a sus empresas les costaría competir con las del Estado y, a la vez, se verían mermadas sus posibilidades de recibir o elegir mejores servicios llevados de la mano del sector privado, indicó el consultor Carlos Ernesto González al comentar el estudio del Centro Nacional de Competitividad.
González, que compartió los datos ayer en una actividad de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), calificó el 3.14 que logró Panamá ‘de regular a positivo’. Indicó que ‘el país en términos de libertad económica está mucho mejor que otros, pero podría estar excelente con algo de poco esfuerzo’.
El Índice de Libertad Económica es elaborado con informes estadísticos puntuales para analizar nueve factores que inciden en los negocios y en los ciudadanos del país. Entre estos, en cinco renglones Panamá arrojó una calificación de 4 o cerca al 5 de excelencia.
Pero, en cuatro factores que incluyen las cargas fiscales de las compañías áreas de comercio exterior y la inflación que va creciendo con el país, el Istmo se ubicó debajo de los 3.5 puntos.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Entre los factores en que el Istmo salió bien en el Índice de Libertad Económica están la restricción a la inversión extranjera, protección a los derechos privados y control del gobierno en la banca y las finanzas. (Ver tabla).
En comparación con la región, explicó González, Panamá estaría marcando aspectos positivos, pero en los renglones en los que está bajo, como las restricciones la comercio exterior, podría mejorar. Esto amplió tras entrar en ejecución tratados comerciales con socios que son considerados muy importantes para la economía panameña, como EEUU.
En otro de los aspectos en que el país descendió, como por ejemplo la carga fiscal del gobierno, donde marcó 2.95, la disminución de los gravámenes a las compañías como el Impuesto Sobre la Renta al 25% es adecuado si se extiende rápidamente.
Otro de los factores por mejorar, recomendó González, es eliminar la restricción a inversiones extranjeras en el comercio al por menor.
Los resultados igualmente dejan ver una participación excesiva del Estado en áreas que podrían extenderse en su manejo al sector privado, como lo son las jubilaciones y pensiones, así como en la distribución del agua potable a la población, aseguró el consultor, esto con el objeto de que la gente tenga un mejor servicio de la mano de compañías.
Para Rubén Castillo Gil, expresidente de APEDE, el ampliar la administración del sector privado a áreas que son manejadas por el Estado tendría defensores y detractores. En el sentido positivo, dijo el jurista, se incentivaría la innovación y el emprendedurismo, a la vez que se abriría más oportunidad a la pequeña y mediana empresa.
González condenó que la participación de las empresas estatales en el PIB sea alta, ya que resta espacio al sector privado, pero sí aclaró que se incluyen las cifras del Canal de Panamá.
FUENTE: GRACE KELLY CHI - http://www.laestrella.com.pa
