Por ahora, la Fiscalía sigue la causa a 10 funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), quienes se exponen a una pena hasta de seis años de cárcel por el delito de prevaricato.
La resolución emitida este miércoles, a las 9 a. m., confirmó en su totalidad el fallo que dictó en noviembre del 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo.
Dicha sentencia anuló la concesión otorgada por el Estado a la firma de capital canadiense para extraer 800.000 onzas de oro de Crucitas, en Cutris, cantón de San Carlos, Alajuela.
Los jueces encontraron irregularidades en el otorgamiento de permisos a la empresa, así como ausencia de fundamento técnico para declarar el proyecto de “interés público” y “conveniencia nacional”.
Esta declaratoria la hicieron, en octubre del 2008, el presidente Óscar Arias, y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
Con el fallo de los magistrados, también quedan firmes la recomendación del Tribunal para que el Ministerio Público determine la procedencia de abrir una causa judicial a Arias, Dobles y funcionarios de la Dirección de Geología y Minas, así como de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental .
Ayer, el exmandatario manifestó en su página de Facebook que se ponía a las órdenes de la Fiscalía .
El Minaet informó de que acatará lo dispuesto por la Sala I de abrir procedimientos administrativos a los funcionarios involucrados en el caso.
Una década de conflicto. La presencia de Industrias Infinito en el país y su intención de extraer oro tiene más de una década de tropiezos, conflictos y cuestionamientos.
La última controversia se desató hace tres semanas con la filtración del borrador de esta sentencia, caso que también investiga el Ministerio Público en este momento.
La resolución emitida ayer por los magistrados Anabelle León, Román Solís, Luis Guillermo Rivas, Óscar González y Carmenmaría Escoto pone fin a este caso.
La Sala I es la última instancia judicial en que se verá el caso, por lo menos en nuestro país.
El voto completo se dará a conocer a más tardar el 16 de diciembre, dijo León, por medio de la oficina de prensa de la Corte.
Sergio Artavia, uno de los abogados de Crucitas, manifestó ayer que esperarán el fallo integral para analizarlo y emitir un criterio. Agregó que no estaba autorizado para referirse al asunto.
La Nación llamó en varias ocasiones a Juan Carlos Hernández y Federico Sosto representantes de la firma minera, mas no atendieron llamadas ni mensajes.
Entre tanto, la Presidencia de la República expresó en un boletín de prensa: “ El Gobierno de la República reitera su respeto al trabajo realizado por parte de nuestro sistema judicial, garantía de confianza y seguridad jurídica para todos”.
FUENTE: Luis Miguel Herrera C y Mercedes Aguero R. - http://www.nacion.com
