“Este proyecto no prosperó porque las cárceles eran muy caras”, dijo la semana pasada el presidente Martinelli, al tiempo que –en su momento– confirmó que había llamado a Giancarlo Curcio, embajador de Italia en Panamá, para informarle que “[el proyecto] no me interesaba”.
De acuerdo con el proyecto original, las cárceles se ubicarían en Chiriquí, Veraguas, Panamá y Colón, y la construcción estaría a cargo de la empresa Svemark, cuyo presidente es el italiano Mauro Velocci, que ayer se comunicó con La Prensa para narrar lo sucedido con su proyecto.
Velocci acusó directamente a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, de “presionarlo” en junio pasado para que comprara cuatro terrenos que en su conjunto valen casi $3 millones, para desarrollar el proyecto.
“Era un riesgo demasiado alto como para comprometerse a la compra de terrenos sin un contrato formal... Me insistían de un abono de 300 mil dólares”, dijo Velocci desde Italia, refiriéndose a un adelanto del 10% del costo de los terrenos.
El empresario contó que, frente a esta situación, le preguntó a la ministra qué ocurriría si compraba o abonaba los terrenos y después el contrato de las cárceles no se firmaba por cualquier razón. “Ella me contestó que cómo podía imaginar cerrar un negocio de esta magnitud sin arriesgar también 300 mil dólares”, dijo el empresario, que según publicaciones del diario Panamá América –citando fuentes vinculadas con los contratos de Finmeccanica– es la persona que propagó correos electrónicos del presidente Martinelli, de cercanos colaboradores y de Lavítola.
El proyecto de las cárceles modulares costaría $176 millones por tratarse de un área de 91 mil 470 metros cuadrados y que estaría finalizado en 20 meses. La empresa cobraría 1,925 dólares por metro cuadrado.
La Prensa quiso consultar a la ministra, pero no respondió ni las llamadas ni los mensajes dejados en su celular. También se le envió un cuestionario a través de Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, pero dijo que hoy [ayer] no darían declaraciones sobre el tema.
HOSPITAL DE VERAGUAS
El empresario también reveló que fue él quien desistió del contrato, pues el embajador de Italia le informó, en una carta numerada 3002, que para “reiniciar las conversaciones con el Gobierno de Panamá tenía que donar un hospital que se construiría en Veraguas”.
“No era una ambulancia... Era un hospital cuyo valor se estima en 20 millones de dólares”, se quejó Velocci, quien fue un allegado de Valter Lavítola.
“Queda claro que para que el embajador Curcio haya realizado una solicitud tan loca, seguro había hablado con alguien de más arriba del Gobierno”, narró Velocci. Agregó que “lo sucio no está solo en los italianos”.
“¿Quién dejó entonces el negocio? ¿Yo o el Gobierno?”, se preguntó el presidente de Svemark, en alusión a lo que dijo el Presidente, de que el proyecto de las cárceles no prosperó porque era muy caro.
El pasado 28 de noviembre, La Prensa preguntó a Martinelli sobre el hospital que había prometido Berlusconi en su vista a Panamá, y cuya maqueta fue develada en un acto en el Hospital Santo Tomás el 30 de junio.
“El hospital pediátrico fue ofrecido en el viaje a Italia en 2009 como una donación del Gobierno, pero después creo esto se cambió a una donación personal de Silvio Berlusconi”, indicó Martinelli sin revelar detalles sobre este nuevo ofrecimiento.
El 18 de octubre pasado, el diario italiano II Fatto Quotidiano reveló que en el misterioso viaje que realizó Martinelli a Italia –en el que se reunió con Berlusconi y Lavítola– pidió a los italianos que mantuvieran su promesa de construir el hospital, valorado en $25 millones.
La obra sería hecha por las empresas italianas Ghella S.P.A., Astaldi, Enel e Impregilo, anunció Martinelli en el citado acto.
Lavítola, a propósito, también fue consultor de la empresa italiana Impregilo, reveló el diario italiano La Repubblica en su edición del 8 de octubre pasado, cuando por primera vez se divulgó el nombre de la sociedad panameña Agafia Corp., cuya presidenta es Karen De Gracia, vinculada sentimentalmente por medios italianos con Lavítola.
Impregilo, del consorcio Grupo Unidos por el Canal, que se adjudicó trabajos de expansión de la vía interacuática panameña, también ha mostrado interés en ampliar sus inversiones en Panamá en proyectos como el Metro y centros penales.
Lavítola, en comunicación con uno de los asistentes de Martinelli, mostró interés en el nombramiento del nuevo administrador del Canal de Panamá, hecho que se producirá el próximo año.
FUENTE: SANTIAGO CUMBRERA - http://www.prensa.com
