Los débiles controles que ejerce el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) permiten a familias que no viven en situación de extrema pobreza colarse en las listas de beneficiarios de proyectos habitacionales de interés social.
Prueba de ello es que decenas de grupos familiares recibieron el visto bueno del Banhvi para postularse para recibir una casa en dos desarrollos nuevos ubicados de Quepos y Liberia, pese a que incumplen los requisitos legales.
Así lo detectaron inspecciones extraordinarias realizadas por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, tras recibir denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso de selección de los beneficiarios.
Se trata de los proyectos Fátima en Quepos, Puntarenas, y El Jícaro II en Liberia , Guanacaste, cuyos presupuestos (por un monto global de ¢4.000 millones) se aprobaron en diciembre del 2009 y enero del 2011, respectivamente.
En Quepos, se visitaron 91 de las 113 familias elegidas. Según el informe, el 43% no califica para un subsidio gratuito.
“Los potenciales beneficiarios de este proyecto fueron ubicados por la Asociación Pro Vivienda Fátima sin ningún criterio técnico o jurídico para realizar dicha recomendación”, dice el estudio.
“Más bien bien parece que (la inclusión en el proyecto) se debió al pago de cuotas solicitadas para poder ingresar a dicho proyecto”, concluye.
Una situación similar se detectó en el proyecto de Liberia, el cual abarca 187 viviendas.
“Una gran mayoría de familias no se agrupan dentro de los parámetros establecidos de pobreza extrema”, indica el documento.
Asimismo, se hallaron beneficiarios con bonos aprobados anteriormente, personas que ocultaron miembros del núcleo familiar para reducir los ingresos estimados y familias que no residen en la zona donde está el proyecto.
Al respecto, Irene Campos, ministra de Vivienda y presidenta de la junta directiva del Banhvi, alegó que la revisión de los requisitos consta de dos etapas y que la aprobación de esos proyectos se hizo antes de cumplirse la segunda fase.
Fiscalización en duda. Un informe divulgado en noviembre pasado por la Contraloría General de la República, señala la débil fiscalización del Banhvi y la escasa capacidad técnica de las entidades que administran los recursos de los proyectos de vivienda.
Según la ministra Campos, la selección y verificación de los beneficiarios les corresponde a las entidades autorizadas que coordinan los proyectos con fondos del Banco.
No obstante, las actas de la junta directiva señalan que la verificación también le corresponde a la Dirección del Fondo de Subsidios para la Vivienda, del Banhvi.
Con respecto a las anomalías halladas en los proyectos de Quepos y Liberia, la ministra Campos dijo que se realiza un proceso con las entidades autorizadas para revisar las listas “de forma exhaustiva”.
“La primera lista es potencial y pasa por un procedimiento de revisión posterior. Aun así, preocupa la situación y se trabaja en el formato del estudio que realiza el trabajador social y en la mejora de los procedimientos de selección”, dijo.
Los beneficiarios actuales en Quepos se desconocen, pues el proyecto pasó a manos de otra entidad , tras meses de estar varado.
FUENTE: Amy Ross A. - http://www.nacion.com
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domingo, 22 de enero de 2012
(Costa Rica) Familias sin derecho se cuelan en planes de casas para pobres
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