El exjuez Andrés Hernández Quesada, quien fue acusado de prevaricato tras haber dejado libre con fianza al empresario Ricardo Álem León, en abril del 2009, demandó al Estado una indemnización de ¢500 millones.
La acción judicial la presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda luego de que Juzgado Penal de Goicoechea dictó –el 31 de julio del 2011– un sobreseimiento definitivo en la causa que se le seguía.
Hernández argumentó en la acción judicial: “Las acciones penales injustificadas emprendidas en mi contra por el Ministerio Público en momento en que me desempeñaba como juez penal me han generado un daño incomensurable por la lesión a mi reputación, imagen, buen nombre, honor y, claro está, también en mi patrimonio económico”.
Afirmó que presenta el reclama de pago por daños y perjuicios. “Por mi exposición pública como delincuente y consecuente despido sin responsabilidad patronal como juez penal”, agregó.
Hechos. Andrés Hernández laboró en el Poder Judicial desde el 21 de abril de 1997. Ocupó cargos interinos de forma ininterrumpida como juez contravencional, de tránsito, de familia, penal y de juicio.
El 3 de abril del 2009, siendo juez penal de Goicoechea, realizó una audiencia de medidas cautelares contra Ricardo Álem León y otros dos sujetos sospechosos por el delito de narcotráfico.
Tras escuchar los alegatos de la defensa y de la Fiscalía, Andrés Hernández sustituyó la medida de prisión preventiva de los implicados por la de libertad con fianza. Para Álem fue de ¢100 millones.
Según, la demanda de Hernández, en marzo del 2009 también en funciones de juez penal de Goicoechea, rechazó imponer medidas cautelares a Marlon Schlotenhausen (funcionario del Organismo de Investigación Judicial ) a quien se le seguía una causa por el delito de enriquecimiento ilícito.
Debido a esas resoluciones, el Ministerio Público le abrió una causa por los delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley o fundada en hechos falsos), falsedad ideológica (insertar en documento público declaraciones falsas) y omisión de denuncia relacionada con el narcotráfico.
El 12 de mayo de ese mismo año, el Juzgado Penal lo suspendió del cargo y le ordenó presentarse a firmar cada 15 días.
Desde el 31 de mayo del 2009 cuando se le venció el período para el cual regía su nombramiento, no se le volvió a nombrar como juez.
Sin embargo, el 8 de octubre del 2010 la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, después de una investigación detallada, solicitó el dictado del sobreseimiento definitivo a favor de Andrés Hernández.
“Se me absolvió de toda culpa y responsabilidad por los hechos atribuidos al establecerse mi plena inocencia, al comprobarse que mi actuación siempre estuvo apegada a derecho y nunca cometí delito alguno” , expuso el exjuez.
El abogado Yashin Castrillo uno de los abogados de Hernández, dijo que en este proceso están anuentes a llegar a una conciliación siempre que el Poder Judicial nombre a Hernández de nuevo como juez penal.
FUENTE: Carlos Arguedas C. - http://www.nacion.com
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jueves, 16 de febrero de 2012
(Costa Rica) Exjuez destituido demanda al Estado por ¢500 millones
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