Mediante el pacto de marzo se ordenaba la ejecución de un estudio de impacto ambiental del proyecto Barro Blanco y la cancelación de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas.
También se acordó que todas las solicitudes serían sometidas al pleno del Congreso General de la comarca indígena y los pobladores debían recibir 5% de la facturación anual de los proyectos mineros; además, las empresas que obtuvieran las licitaciones debían incluir en su plantilla de trabajadores 25% de indígenas Ngöbes o campesinos de la zona.
El ministro de Gobierno rechazó las críticas del denominado Movimiento 10 de abril, liderado por Ricardo Miranda, y aseguró que se trata de una minoría indígena que trata de frenar el proyecto Barro Blanco.
El sábado, una protesta pacífica culminó con dos horas de arremetida de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional, detalló el diario La Estrella.
El dirigente Toribio Gracia afirmó que no cesarán las protestas hasta que se paralice la construcción por la que fueron desalojados los indígenas ngäbes.
FUENTE: AVN
