Fuentes del Ministerio Público informaron que la investigación se inició en la Fiscalía Auxiliar de la República, luego de una denuncia interpuesta, en enero pasado, por la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Abigaíl Benzadón, y del director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, a partir de la queja de un usuario.
Por este ilícito, registrado entre 2010 y 2011, se acusa a un exfuncionario de la institución, con acceso al sistema informático, que borraba las deudas de las empresas y y a cambio cobraba el 10% del monto de la morosidad, de acuerdo con la denuncia consignada en el Ministerio Público.
También se le acusa de cambiar los registros patronales a las empresas.
El exfuncionario, cuya identidad no fue suministrada, está detenido, mientras que a dos de los empresarios se les impuso medidas cautelares de prohibición de salida del país y de notificación todos los lunes ante el despacho de la fiscal Rosa Elvira Pinzón.
El tercer comerciante está prófugo, y la fiscalía emitió una orden para su captura el 16 de abril pasado.
Una auditoría practicada por la CSS da cuenta de una lesión patrimonial de, al menos, por 57 mil dólares.
En el expediente, que hasta ahora acumula dos tomos, fue incluido un informe de la CSS que revela que a una de las empresas, que tenía una deuda de 28 mil 570 dólares, le suprimieron la cuenta hasta quedar en 257 dólares con un centavo.
El exfuncionario de la CSS afirmó, al rendir declaración indagatoria ante la fiscalía, que es inocente de los cargos que le imputan y sustentó su defensa en que le habían sustraído su clave para ingresar en el sistema de la entidad.
FUENTE: Elio Núñez - http://www.prensa.com
