Acusan a latifundistas y oligarcas por hechos violentos en Paraguay

La coalición de partidos políticos gobernante en Paraguay y las más importantes organizaciones campesinas coincidieron en acusar a latifundistas y oligarcas como responsables de los hechos violentos que estremecieron al país el pasado viernes.
La muerte de policías y campesinos en un número que ahora se sitúa en 18 personas, 12 de ellas labriegos, al encontrarse dos nuevos cadáveres, fue el saldo del desalojo de familias rurales sin tierra de una hacienda en Curuguaty, a 240 kilómetros de esta capital.

Una vez sepultados los fallecidos, hospitalizados los heridos y detenidos varios campesinos, emergió en las declaraciones de los sectores señalados la renovación de la denuncia del injusto sistema de tenencia de la tierra en Paraguay.

El gobernante Frente Guasú planteó que existe un plan para desestabilizar el proceso de cambios existente en la nación y aseguró está programado, instigado y ejecutado por sectores dela oligarquía autoritaria y antidemocrática.

Identificó al Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso como los principales responsables de los nulos resultados en la acción para recuperar millones de hectáreas de tierras malhabidas, y de mantener la histórica violencia estructural a pesar de esfuerzos del Gobierno.

Un conjunto de organizaciones sociales, encabezada por la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas, pidió al gobierno la expropiación de las tierras del latifundista Blas Riquelme,donde se desarrollaron los incidentes.

Riquelme, quien es también dirigente del opositor Partido Colorado, está acusado de haberse apropiado de esos terrenos en forma ilegal beneficiándose de operaciones irregulares en anteriores gobiernos.

Las organizaciones populares llamaron a la sociedad a enfrentar lo que calificaron de ofensiva de grupos de poder económico y político, quienes pretenden imponer sus intereses corporativos por sobre las necesidades de la población,

Finalmente, medios de prensa recordaron que la propiedad ocupada por los campesinos en Curuguaty se reclama como tierra del Estado, tanto por la Procuraduría General como por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra.

FUENTE: Prensa Latina