El gobierno de Paraguay y organizaciones campesinas se reunieron este lunes, para abordar la situación que prevalece en la localidad de Curuguaty, donde la semana pasada murieron al menos 12 trabajadores de la tierra y seis uniformados, luego de una cruenta represión policial.
El Jefe del Gabinete Presidencial, Migel López, y la ministra de Salud Esperanza Martínez, arribaron a la ciudad que fue escenario de duros enfrentamientos y ubicada a 240 kilómetros de Asunción, capital del país.
Al finalizar el encuentro, López afirmó que fueron personas extrañas a los campesinos quienes provocaron el combate con los agentes policiales, en una acción destinada a desestabilizar al gobierno, reseñó Prensa Latina.
Los campesinos paraguayos ocupaban el viernes pasado una hacienda del latifundista y dirigente del conservador Partido Colorado (PC), Blas Riquelme.
Los labriegos exigían la entrega de tierras para trabajar y denunciaban que el empresario había conseguido cientos de hectáreas de forma irregular.
López explicó que las armas de grueso calibre utilizadas contra los uniformados nunca estuvieron en manos de los campesinos.
El funcionario gubernamental confirmó haber recibido denuncias sobre heridos torturados y menores detenidos durante los procedimientos policiales, por lo cual anunció la conformación de una comisión para investigar estas violaciones de los derechos humanos.
La ministra paraguaya de Salud indicó por su parte que la administración de Lugo se encargará de apoyar la búsqueda realizada en la zona del conflicto, con el objetivo de encontrar más personas heridas o muertas.
Al mismo tiempo, se conoció que el juez José Benítez dictó la prisión de 12 campesinos y declaró a otros 46 en rebeldía, informó la agencia Efe.
El magistrado imputó a los trabajadores de cargos como homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.
Luego de la represión policial, los pobladores de la zona han indicado que al menos 40 personas siguen ocultas por temor a las represalias.
Debido a esta situación, el presidente Lugo militarizó Curuguaty y destituyó al ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la Policía, Paulino Rojas, puestos que fueron ocupados Rubén Candia Amarilla y Arnaldo Sanabria, respectivamente.
FUENTE: AVN
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