Ayer, en el inicio del primer debate de la propuesta en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Adolfo Linares, en representación de la Compañía Inmobiliaria San Felipe, calificó la acción de expropiación como en “extremo delicada” y muy sensitiva.
Destacó que, aunque es un derecho soberano que tiene todo Estado, causa disconformidad al estipularse como una sanción administrativa, cuando en realidad es una medida extrema que utiliza el Estado para el desarrollo de obras públicas de interés general.
Parte del artículo 33 de la iniciativa legislativa establece que la renuencia de los propietarios de inmuebles o lotes baldíos a invertir, restaurar o reconstruir, dará lugar a que, previa declaratoria de interés social urgente, el Órgano Ejecutivo decrete la expropiación del inmueble, para lo cual la indemnización será igual al valor catastral del bien.
Por su parte, Rodney Zelenka, inversionista, propietario y residente en el Casco Antiguo, también cuestionó el tema de la expropiación, al indicar que actualmente es víctima de esta figura, pues seis años después del inicio de este proceso, todavía mantiene una batalla legal en la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que Gisela Prieto, presidenta de la Asociación de Residentes de San Felipe, solicitó a las autoridades tomarlos en cuenta en este proyecto.
El abogado de esa agrupación, Jairo Morán, pidió que se considere aumentar la cifra para indemnizar a los residentes que serían removidos de obras en restauración, al considerar que los 5 mil dólares que se plantean son insuficientes.
Tras escuchar los argumentos, la Comisión de Educación nombró una subcomisión para analizar la propuesta.
FUENTE: Gustavo A. Aparicio O. - http://www.prensa.com
