Un empresario preso como sospechoso de mandar a matar a un ingeniero de la Municipalidad de Pérez Zeledón invirtió millones en un edificio que tiene ocioso desde hace tres años.
El inmueble, situado en Hoyón de San Isidro de El General, solo logró alquilar un local, por unos pocos meses, a una empresa de bienes raíces. En el 2010, el ayuntamiento valoró el edificio en ¢106 millones.
Para la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón, la alta inversión y el hecho de no poder alquilar el edificio, motivaron a su dueño, el empresario Ricardo Blanco Solís, a gestionar en varias ocasiones el permiso para construir ahí una estación de servicio.
La primera solicitud la hizo entre el 2007 y el 2008 ante el ingeniero municipal Álvaro Barrantes, según consta en la orden de allanamiento contra Blanco y otros tres imputados, emitida por el Ministerio Público e incorporada al expediente judicial.
Rechazo. En la documentación judicial se detalló que Barrantes le informó a Ricardo Blanco de que no era posible otorgar el permiso solicitado por estar el edificio en zona residencial.
Ante la negativa, Blanco habló con regidores y otros funcionarios (no menciona nombres) de instituciones como el INVU y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para que influyeran en la decisión municipal. Esas gestiones no prosperaron.
Este hecho es, para la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón, el móvil para que, presuntamente, Blanco ordenara atentar contra la vida de Barrantes.
El ataque ocurrió la mañana del 17 de enero, cuando la víctima salió de su casa, en Villa Ligia de Pérez Zeledón, para ir a trabajar a la Municipalidad. Barrantes recibió dos balazos, pero sobrevivió.
Como sospechosos de este delito están presos y descontando tres meses de prisión preventiva Ricardo Blanco, Jorge Saborío Saborío y Luis Enrique Blanco Prado. Para el último imputado, Ronald Araya Leiva, la medida de prisión dictada fue de ocho meses.
La Fiscalía informó de que incluso después del ataque, Blanco solicitó de nuevo el permiso para construir la bomba en la propiedad de Hoyón, que mide 1.869 metros cuadrados.
Movimientos. De acuerdo con información del Registro Nacional, Ricardo Blanco figura como miembro de siete sociedades, las cuales aparecen como dueñas de ventas de gasolina, comercios y empresas de buses. Los negocios están en Pérez Zeledón, Osa y Corredores.
Seis de las propiedades inscritas a nombre de Blanco tienen hipotecas, con bancos públicos y privados, por un monto de ¢162 millones y $250.000.
Miguel Zamora Azofeifa, uno de los abogados defensores de Blanco, dijo que el expediente judicial está fundamentado en indicios sin fundamento.
“Preparan un escándalo de tal magnitud, que si usted ve el expediente, puede ser como no puede ser y en derecho no se habla de un puede ser. Ahí hay que demostrar qué es o qué no es” , concluyó Zamora. Colaboraron: el periodistaAlejandro Méndez y el corresponsal Freddy Parrales Chaves.
FUENTE: Carlos Arguedas C. - http://www.nacion.com
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lunes, 23 de julio de 2012
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