Además, se espera recibir otros impuestos municipales, como los que se cobrarán a los bancos, lo que representaría $3 millones más ($60 millones en 20 años).
Por otra parte, se recaudarían impuestos de inmueble que dejarían más ingresos. En el mismo periodo, de mantenerse el alquiler de estas tierras —que representa $27 millones anuales, con un incremento de 10% cada año— el Estado estaría recibiendo unos $181 millones 642 mil más.
Según Benedetti, si se dividen los $92 millones que se recaudan entre los 5 millones de metros cuadrados (m2) alquilados actualmente, se obtiene una rentabilidad de solo $20 por m2.
La iniciativa de vender los terrenos surgió del entonces ministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, afirmó Benedetti.
Para Samir Sayed, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia, este no es un negocio rentable para los empresarios, que no solo tendrán que hacer una inversión en momentos en que —alegan— no tienen flujo de capital, sino que además tendrán que pagar impuestos de inmueble sobre el valor total de la propiedad, el cual es de 1% durante los primeros cinco años y 1. 75% en los años siguientes.
Sayed prevé que esto ocasionará que las empresas decidan instalar sus oficinas fuera de la zona franca y opten por mantener solo bodegas o buscar otras alternativas, como el Área Especial Panamá Pacífico de Howard.
Para los empresarios, el Estado perdería un activo productivo y le restaría competitividad a un pilar importante de la economía.
MÁS ALLÁ DE LAS VENTAS
El proyecto en discusión modifica varios temas. Entre ellos plantea la incorporación de áreas aledañas ubicadas frente a la carretera Boyd Roosevelt y avenida Almed Waked. Según el proyecto, sería la junta directiva la que tendría la potestad de aprobar el uso de estas tierras y a quién se las otorgaría en concesión o venta.
La justificación es que se quiere incentivar el establecimiento de empresas que sean complementarias.
Otro de los cambios que se plantean es el establecimiento de empresas bajo el régimen de sedes multinacionales, lo que no es posible con la actual ley.
Se podrán establecer empresas multimodales y de logística, como operadoras de call centers.
También se podrán incorporar notarías, oficinas del Registro Público, entre otras, y se formalizarían algunas actividades no contempladas en la legislación, como servicios bancarios y de seguros.
Se crea la ventanilla única para los permisos y trámites que se necesiten y se establece que el 20% de los ingresos se queda en la propia para modernización.
FUENTE: ALMA SOLÍS - http://www.laestrella.com.pa
