La policía japonesa ha capturado este domingo a un marine estadounidense bajo la sospecha de ingresar de manera ilegal en una vivienda situada en la isla de Okinawa, sur de Japón.
El hecho ha ocurrido en medio de la ira popular sobre los delitos de militares norteamericanos y la demanda de imponer regulaciones más estrictas a las tropas estadounidenses.
Este incidente, que provocó inmediatamente la reacción de las autoridades de la isla, es el segundo después de que los militares de Estados Unidos intensificaran el mes pasado las medidas disciplinarias.
De acuerdo con las declaraciones policiales, el teniente primero Tomas Chanquet, de Marine Corps Air Station Futenma, supuestamente, se coló en una casa a través de una puerta abierta y durmió hasta ser descubierto por un residente, quien llamó a la policía.
“Estoy muy sorprendido (…) es completamente ridículo y lamentable extremadamente. Tengo que presentar una enérgica protesta ante el Gobierno japonés y el de los Estados Unidos. Tienen que hacer algo más drástico”, ha declarado el gobernador de Okinawa, Hirokazu Nakaima.
El 16 de octubre, asimismo la policía japonesa de Okinawa arrestó a dos militares estadounidenses, ambos de 23 años de edad, acusados de violar a una mujer nipona habitante de la misma isla.
El 2 de noviembre, otro soldado estadounidense de 24 años irrumpió en un apartamento localizado en un pueblo de Okinawa y golpeó a un adolescente, a pesar del anuncio de toque de queda nocturno establecido para los militares estadounidenses.
La Asamblea de Okinawa aprobó el pasado viernes por unanimidad una resolución mediante la cual se exige revisar los procedimientos legales contra los sospechosos militares, y los esfuerzos para disminuir el número de contingentes y recintos castrenses de Estados Unidos, establecidos en Okinawa.
Desde 1972, cuando Washington devolvió el control de la isla a Japón, unos 26 mil soldados estadounidenses están desplegados en ese territorio y desde entonces más de 5.700 delitos han sido cometidos por personal militar norteamericano, miembros de sus familias o empleados de las bases, según argumentan los legisladores.
FUENTE: La Radio del SUR
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