El sofisticado esquema incluía a tres corporaciones, una de ellas con sede en Ponce, a través de las cuales se introducían o reintroducían las medicinas falsas en la cadena legal de distribución de medicamentos.
Aunque los medicamentos falsos eran almacenados en la Droguería de la Villa, con sede en Ponce, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, afirmó que, aunque la investigación de este caso continúa, al momento no hay evidencia de que las medicinas falsas fueran vendidas en la Isla.
“Este grupo de personas puso en riesgo la vida de pacientes, tales como pacientes con diferentes enfermedades como cáncer, sida, los que padecían de depresión y otros trastornos mentales, al suplir medicamentos adulterados, con etiquetas incorrectas, de dosis indeterminadas o falsificados”, afirmó la fiscal. “Estos acusados serán enjuiciados con todo el peso de la ley”, añadió Rodríguez Vélez, señalando que, de ser hallados culpables, los acusados se exponen a ser condenados a sentencias máximas de 20 años de prisión.
A través del esquema que se presume encabezaba el empresario Martin Thuna, el grupo de acusados logró vender medicamentos falsos por un valor estimado en $440 millones. Las ganancias generadas por el fraudulento negocio se calculan en $649,854,151 millones.
Un gran jurado emitió un total de 61 cargos contra las 23 personas y 3 corporaciones acusadas. La lista de cargos incluye los delitos de lavado de dinero, conspiración, fraude postal, ofrecer declaraciones falsas, perjurio y distribución de productos al por mayor sin las debidas licencias.
Los acusados enfrentan un alegación de confiscación de más de $600 millones, 27 cuentas bancarias con un saldo de $17,811,379.02 millones, seis propiedades en Las Vegas, Nevada, dos propiedades en California y un yate.
Complejo esquema
De acuerdo con la acusación, a partir de enero de 2007, las empresas de Thuna se dedicaron a adquirir medicamentos de fuentes no autorizadas y luego los vendieron a farmacias y pacientes en los Estados Unidos continentales.
Para tales efectos, Thuna contaba con la Droguería de la Villa, una empresa con licencia para vender medicamentos en Puerto Rico con sede en Ponce y que era utilizada como almacén; la Droguería Villa, con sede en Tenesí y que operaba como centro de distribución; y la empresa LLC Wholesale Supply, con sede en Arizona y licencia para vender medicamentos en ese estado.
La ganga obtenía los medicamentos para el tráfico ilegal por varias vías: de pacientes que los vendían en lugar de consumirlos; compraban medicamentos caducados, por ejemplo a égidas; compraban medicamentos robados de almacenes; también recogían medicamentos que por diversas razones (expiración, dosis incorrecta u otros) no cumplían con los estándares de calidad y habían sido retirados de la cadena de distribución para ser devueltos.
Una vez tenían los medicamentos, falsificaban sus códigos y etiquetas, y los vendían como legítimos a las farmacias. Las falsificaciones incluían el “pedigree”, que es un código de rastreo del producto desde su punto de manufactura hasta la farmacia que lo vende al paciente, y que la banda atribuía a distribuidores al por mayor autorizados como AmerisourceBergen, McKesson, Cardinal Health y H.D. Smith.
En ocasiones, utilizaban químicos para remover etiquetas –tales como queroseno o desengrasantes– que se filtraban al interior de los frascos y contaminaban las medicinas.
“Lo que debe preocupar a la ciudadanía de este esquema es que estos medicamentos que se obtenían de segundas manos son altamente peligrosos, porque, al ellos empaquetar, no necesariamente estaban empaquetando las dosis (correctas)”, señaló la fiscal Rodríguez Vélez. “Podían afectar a ese paciente que estaba comprando el medicamento. Le estaban dando unas drogas que no eran de la misma cantidad, o muchas veces drogas que ni siquiera eran drogas. Por ejemplo en varios de los potes se veía que habían abierto la parte de abajo del pote y habían introducido aspirina”.
La fiscal también relató el caso de un paciente de sida al que le habían dado una droga que no era la que necesitaba. “Esa persona, que depende de sus medicamentos para mantenerse vivo, si esto no se hubiera descubierto a tiempo, hubiera podido morir”, dijo la fiscal.
La Fiscalía no pudo precisar cuántas personas podrían haberse afectado por medicamentos falsos en ese tiempo. Rodríguez Vélez afirmó que todo eso era objeto de investigación actualmente.
Muchos implicados
En el esquema también participaban otras compañías de Thuna, como FMC Distributors, FMC Specialty Care, Flar Medicine, Inc., y Rayco Internacional, dedicadas a la venta y distribución de suministros médicos y farmacéuticos. Además, usaban la compañía T.P. Investments, Inc., dedicada al negocio de bienes raíces. Todas estas empresas y sus cuentas bancarias eran utilizadas por el grupo para hacer pagos y transferencias de dinero, y así facilitar el pago a los suplidores de la Droguería de la Villa.
Adicionalmente, la operación ilegal presuntamente involucró a personas dentro de distribuidoras a las que compraban o vendían los medicamentos desviados, tales como Infinite Health Wholesale, Global Health Advocates, California Pharmaceutical Specialist, RTL Health Source, Corp., EMED Medical Products, BowxRx, Inc., Oahu Rx Inc., Arbudol Corp., y Columbus Wholesale, Inc. La red mantenía oficinas y operaciones en Hawái, California, Arizona, Misouri, Tenesí, Maryland, Pensylvania, Nueva York, entre otros.
Para camuflar sus ganancias, cambiando cheques por dinero en efectivo, involucraron otros negocios de canjeo de cheques de Nueva York y Los Ángeles, contando con la complicidad de dueños que reportaban informes de transacciones falsos.
Según Rodríguez Vélez, la investigación del complejo caso comenzó en enero del 2007 con un agente de Tenesí, y se extendió hasta enero de 2011. Dos de los 23 fueron arrestados en Puerto Rico.
En la investigación participaron agentes de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), la Fiscalía federal, la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Guayama y el Departamento de Hacienda.
Llamado a la confianza
Pese al impacto que pueda generar esta noticia, ayer Elliot Pacheco y María Isabel Vicente, respectivamente presidente y directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, afirmaron que “Puerto Rico es bien fuerte en lo que respecta a las leyes de farmacia, cumpliendo con la (ley) federal y la estatal, que es reconocida por ser bien restrictiva”.
Ambos llamaron la atención al hecho de que, aunque las medicinas falsas se almacenaron aquí en Puerto Rico, no se distribuyeron en la Isla.
| FUENTE: Osman Pérez Méndez - http://www.elnuevodia.com |
