La comunidad de la etnia ayorea radicada en la localidad de Cuyaba dijo que la irregular operación fue autorizada por el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Eubén Quesnel, y la calificó de despojo y de un hecho sin precedente de violación de la Constitución Nacional.
“Con los despojos se está decretando la muerte de los pueblos autóctonos para que vengan a la ciudad y se formen más cinturones de pobreza”, explicó Lida Acuña, expresidenta del Instituto.
Por su parte, Gladys Casaccia, presidenta de una organización no gubernamental, manifestó su preocupación porque el Indi debería restituir y no despojar de tierras, favoreciendo la regularización de los terrenos de esas comunidades.
“No se puede permitir esto. Estamos acostumbrados a que no se restituyan tierras, pero es insólito que se transfieran a terceros con indígenas asentados en ellas”, manifestó.
Al igual que Acuña, Casaccia señaló que una de las causas principales de ver poblaciones indígenas en áreas urbanas es el arrebato de sus tierras y el avance de la frontera agrícola en manos de poderosos propietarios.
Igualmente, Enrique Amarilla, asesor jurídico de organizaciones indígenas, comentó que en las comunidades del Chaco, los nativos viven con temor ante la posibilidad de más violencia contra sus derechos constitucionales sobre la propiedad comunitaria.
“Mientras no se haga un buen trabajo de catastro, los pobladores no tienen garantías y se enfrentan a amenazas constantes de ocupación irregular y ya son frecuentes las denuncias por las ventas a voraces latifundistas”, señalaron también otras organizaciones indígenas.
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