También la educación ha sido presa de la crisis y los recortes. De acuerdo a lo reportado por el diario El País, desde 2008 las universidades no sólo han perdido más de 1.240 millones de euros, paralelamente han aumentado las tasas, hasta en más de 540 euros para la primera matrícula en los programas de estudios universitarios.
Los requisitos académicos para el otorgamiento de las becas se han vuelto más rígidos. Por ejemplo, de un promedio de notas de 5,5, solicitado antes, ahora es necesario tener como mínimo 6,5 de promedio. Las consecuencias de esta medida no se han hecho esperar: en la Universidad de Sevilla 13.000 alumnos se han quedado sin beca; en Cataluña las denegaciones de beca han crecido un 20%; mientras que en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes) los estudiantes no becados.
Todo esto, reseña el tabloide, en " un momento en que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan ayuda para poder estudiar".
La situación ha llamado la atención de los vicerrectores de estudiantes de los campus universitarios de España, que se reunirán el próximo 21 de junio en Madrid para buscar soluciones al tema de los impagos, so pena de que el Ministerio de Educación se ha mostrado indiferente ante la problemática que pone en jaque la culminación de las carreras, principalmente de pregrado.
Entre las alternativas propuestas por las universidades para quienes tienen dificultades para pagar los aranceles destaca el pago in extremis al final del curso, para evitar la anulación del expediente y no desperdiciar todo el esfuerzo hecho a lo largo del curso. Sin embargo, la extensión de los plazos de pago no resuelve el fondo del problema.
Las cifras de algunas comunidades autónomas lo revelan. En Madrid, donde los precios de las matrículas se han incrementado en promedio 38%, los campus admiten que hay unos 7.000 estudiantes que no han podido hacer frente al pago de las tasas. En Cataluña, donde las matrículas subieron hasta en un 67%, los casos de "morosos" se han triplicado en comparación con el año 2010, lo que ubica la cifra de impagos o deudas a tres millones de euros. En las universidades andaluzas, por su parte, se contabilizan al menos 5.700 alumnos "morosos".
"El impago de las matrículas comporta irremediablemente la expulsión del estudiante de la universidad. Se trata de una expulsión administrativa, ya que aunque el alumno puede continuar yendo a clase, e incluso realizar los exámenes, se le veta el acceso al campus virtual y no se le rellena el acta con las notas, así que no puede matricularse al año siguiente ni pedir el título, ni ningún certificado académico", explica El País.
Ya en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se aplicó la medida de expulsión, sin previo aviso, a 3.193 alumnos que no habían pagado la matrícula. Los estudiantes, que manifestaron no tener capacidad para efectuar dicho pago tomaron la sede del rectorado hasta que las autoridades administrativas de la institución acordaron ampliar el plazo para el pago de las tasas.
La protesta que envolvió a los estudiantes de la UCM devino en la creación de la Plataforma de Afectados por las Tasas (PAT), que ha iniciado protestas con pequeños grupos en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, con el propósito de que "se activen los campus virtuales a los alumnos expulsados y hacer presión para que no se eche a nadie por motivos económicos", explicó a El País Carla Ten, estudiante de ingeniería biomédica de la Universidad de Barcelona y miembro de la PAT en la capital catalana.
Alternativas al conflicto
Algunas administraciones han creado una dotación extra para situaciones que puedan presentarse en el trayecto de semestre o año académico. La Comunidad Valenciana distribuirá un millón de euros entre los 600 estudiantes que han concurrido a la oferta extraordinaria de becas. Catalunya dispone de seis millones de las Beca Equitat, una convocatoria para el otorgamiento de ayudas que permanecerá abierta para "todo lo que pueda suceder durante el curso", según relató el secretario de Universidades en Cataluña, Antonio Castellà.
También el Ayuntamiento de Alameda, en Málaga, destinará 20.000 euros para sufragar las matrículas de los jóvenes del pueblo.
Por otra parte, en las comunidades donde las administraciones gubernamentales no se han manifestado ha brillado el ingenio de los propios universitarios. A finales de mayo, la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid puso en marcha la campaña Matrícula entre todos, que consiste en vender 500 bolígrafos al precio de dos euros para destinarlos a ayudar a los alumnos con problemas económicos.
En la Universidad de Castilla y León, por su parte, el sindicato ha organizado un concierto solidario con el que espera recaudar 150.000 euros para dar una ayuda a estos los 377 estudiantes que no han abonado el último plazo de la matrícula en la institución.
| FUENTE: AVN |
