Hasta el momento, 20 de los 23 acusados fueron arrestados, según se informó.
La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que la investigación reveló que los acusados sometieron informes y documentos falsos a las instituciones prestatarias para cualificar compradores que no cualificaban. Para lograrlo, los acusados usaban información de alguien que sí cualificaba para el préstamo y, con documentos legítimos o falsos, gestionaban el desembolso.
Los documentos utilizados eran informes de cuentas bancarias, planillas, contratos de renta y certificaciones de empleo, entre otros. Una vez el banco aprobaba el préstamo y desembolsaba el dinero, los co-conspiradores se dividían las ganancias de los vendedores de las propiedades.
Según el pliego acusatorio, los acusados actuaron en concierto y común acuerdo a sabiendas de que estaban entregando material falso a varias instituciones financieras con el propósito de obtener los préstamos hipotecarios.
Las instituciones bancarias afectadas por el esquema son Banco Santander de Puerto Rico; Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental; Cooperativa Abraham Rosa; Doral Bank; First Bank de Puerto Rico; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Puerto Rico; y RG Premier Bank de Puerto Rico.
Al acusado Wilson Álvarez Luna se le imputa comprar y vender propiedades reclutando a compradores ficticios para realizar las transacciones. Los oficiales prestatarios acusados de participar en la otorgación de los préstamos hipotecarios fueron Arístides Reyes Ayala, Benjamín Gardía de Villalobos, Joel Rodríguez Santiago, Vivette Rodríguez Navedo e Ivyleslie Caraballo Pastrana.
Los tasadores acusados fueron Antonio Sotomayor Ramírez y Henry Schettini Gutiérrez, y los corredores de bienes raíces son José "Pepe" Cabrera Beauchamp y Onix Morales Torres.
Se indicó que Álvarez Luna, Reyes Ayala, Guillermo Castro alias Reynaldo Vanderhost Meléndez, Ramón Álvarez Lombana, José "Chino" Rosario Ruiz, Benneth Dávila Ochoa, Moisés Rolón Santiago, Orlando Pérez Juarbe, César Berroteran Cadenas, Anny Raquel Reyes Cruz, Gerardo Vergara Ramírez y Edwin Girald Torres participaron en las transacciones de bienes raíces tanto de vendedores como de compradores ficticios que solicitaban y obtenían préstamos hipotecarios.
Álvarez Luna, Jesús Cuadrado Rodríguez, Beker de Jesús Eckardt, Ángel Daniel Bermúdez Sáez, Morales Torres, Berroteran Cadenas y Cabrera Beauchamp actuaron como facilitadores
El portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Moisés Quiñones, indicó que Castro está en Santo Domingo y harán las gestiones para arrestarlo y que Vergara Ramírez está de camino a entregarse. Aún no han arrestado a Rodríguez Santiago.
"Esta acusación demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y la Fiscalía federal en Puerto Rico para asegurar la integridad del sistema financiero y bancario. La investigación y procesamiento de crímenes financieros es una de nuestras prioridades. El fraude hipotecario es un asunto serio en la industria bancaria y para dueños de propiedades que ven que el costo de su propiedad disminuye, lo que lleva a que muchos tengan que abandonar sus casas", señaló Rodríguez en un comunicado de prensa.
El agente especial a cargo de la región del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal de la Oficina del Inspector General (HUD-OIG, por sus siglas en inglés), Lester Fernández, manifestó que este tipo de acto es "alarmante", especialmente cuando profesionales de la industria explotan los programas federales.
"HUS-OIG continuará aunando esfuerzos con fiscalía, agentes del orden público y agencias de auditoría para perseguir agresivamente a los que se envuelvan en actividades que laceran los programas de vivienda federal", agregó Fernández.
El director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, reiteró que el fraude hipotecario "no es un crimen sin víctimas".
"Amenaza la salud financiera de nuestras comunidades y nos deja con malas hipotecas y comunidades con propiedades deterioradas y abandonadas. El FBI continuará usando su pericia investigativa financiera para investigar agresivamente las actividades criminales en contra de nuestro sistema financiero", señaló Cases.
El caso está a cargo de la fiscal Mariana Bauzá. También participaron de la investigación la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda.
De ser encontrados culpables, los acusados se enfrentan a un máximo de 30 años de cárcel y multas de hasta $1 millón.
| FUENTE: Mariana Cobián - http://www.elnuevodia.com |
