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jueves, 20 de noviembre de 2014

(España) Fiscales apoyan querella contra presidente de la Generalitat de Cataluña por referéndum soberanista

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obtuvo ayer el apoyo de la Junta de Fiscales para presentar la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau.

Los fiscales catalanes han reprochado la falta de “lealtad” a la Constitución y muestran su rechazo a ejercer acciones penales contra Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. A pesar de ello el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, encontró apoyo unánime de la Junta de Fiscales. La querella se presentará en los próximos días contra el presidente de la Generalitat por desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional. El fiscal general acusó a los responsables de la celebración del 9-N de cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Torres-Dulce era consciente de que sin el apoyo de los demás fiscales no podía llevar a cabo la querella y pidió en primer lugar lealtad, ya que era consciente de las presiones que éstos habían sufrido por la presentación de la querella.

La reunión duró alrededor de cuatro horas y todos los asistentes tuvieron la oportunidad de decidir si existían argumentos para llevar a cabo la querella. Al principio solo dos de los 24 fiscales tenían dudas sobre si efectuar la querella contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta y la consejera de Educación, pero en el momento de la votación solo Bartolomé Vargas, fiscal de Sala encargado de los delitos contra la seguridad vial, se posicionó en contra.

Los fiscales tuvieron dudas en los delitos de malversación y usurpación de funciones, ya que algunos consideraban que estos son independientes o deben tratarse implícitamente con los delitos de prevaricación y desobediencia.

En cuanto a la prevaricación los fiscales defienden que ha sido un acto continuado, debido a que actuaron para lograr la celebración de la consulta. En cuanto al delito de desobediencia, se asienta por desobedecer al Tribunal Constitucional, a pesar de que la Generalitat niega que recibieron la orden de frenar la consulta. Por el contrario Torres-Dulce considera que era “evidente” que conocían la prohibición recordando una declaración de Mas hizo el 9-N: “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno”.

FUENTE: http://www.ccinf.es

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