El día 25 de julio del 2012 se anunció de manera generalizada que se pondría en marcha a escala nacional el Protocolo Alba, originado en Ciudad Juárez e impulsado por organizaciones civiles para localizar mujeres desaparecidas, informaba en ese momento, el entonces fiscal especializado en Atención de Delitos por Razones de Género, Ernesto Jáuregui Venegas.
El Protocolo Alba tiene la particularidad de alertar a todas las corporaciones policiacas al mismo tiempo para que actúen de manera coordinada. Su nombre proviene de las madres de jóvenes desaparecidas y activistas que llegaban al amanecer a las paradas de autobuses en el centro de Juárez, entre las 5 y las 6 horas, para informar sobre los secuestros de adolescentes. Este protocolo debe aplicarse en todo el país por orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que en 2009 emitió una sentencia sobre ocho jóvenes encontradas muertas en noviembre de 2001, en un campo algodonero.
Además, dicho protocolo consiste en 3 fases, la primera es la presentación de la denuncia y la toma de muestras de ADN para ingresar la información inmediatamente a un banco de datos, lo que toma aproximadamente de una, a dos horas.
La segunda consiste en alertar a las dependencias municipales, estatales, federales e internacionales, así como a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, para buscar a las extraviadas con familiares y amigos, en escuelas, hospitales, el Servicio Médico Forense y otras dependencias, e incluso en el extranjero. Cada parte debe rendir informes al Ministerio Público en 12 y 24 horas y cada dependencia tiene tareas asignadas por acuerdos previos.
Si la persona no es localizada en ese lapso, se pasa a la tercera fase, que es la indagatoria a partir de la presunción de un delito.
Sin embargo, actualmente la situación no ha cambiado. El estado Mexicano no ha respetado ni ha hecho valer esta resolución y por lo tanto tampoco el protocolo. Las autoridades del estado de Aguascalientes no son la excepción.
Como sociedad civil organizada, denunciamos que la desaparición de personas no es una situación normal en un estado de derecho, sino que es la abrupta interrupción de la normalidad de la sociedad y de las familias que atestiguan cómo una parte de su núcleo se desprende con la incertidumbre de lo que le ha sucedido sin razón alguna, sin motivo aparente; y esto empeora ante los débiles esfuerzos del Estado por brindar justicia.
Todas las organizaciones que defendemos los Derechos Humanos coincidimos en que la desaparición forzada de personas, es una de las peores violaciones de los derechos fundamentales.
La desaparición genera incertidumbre y en la mayoría de los casos, existe impotencia debido a que las autoridades no han adoptado medidas oportunas para buscar a las víctimas, ni han realizado una investigación exhaustiva y cabal de los hechos. Es causa de mayor indignación observar que sea incluso la propia autoridad, quien sugiera que las víctimas tienen algún tipo de culpa por la desaparición, indicándoles a los familiares que efectúen la búsqueda por sus propios medios, denotando que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos para el Estado.
La búsqueda e investigaciones también deben superar otros obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas eficiente. Lo que a la autoridad y a sus representantes sociales parece no interesarles, es que las familias postergan importantes aspectos de su vida diaria y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas. Esta es una labor que no pueden abandonar hasta saber la verdad y eso les lleva, en muchos casos, a perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos—como atención de la salud y cuidado de los niños—que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima. Tales situaciones, o bien, las ignora el Estado o les resta importancia.
Cuando los familiares de las víctimas u otras personas denuncian las desapariciones, son pocos los casos en que los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o los responsables. A pesar de las solicitudes de los familiares, no se localizan de manera oportuna, los teléfonos celulares de las víctimas ni se controlan los movimientos en sus cuentas bancarias, no se obtienen las grabaciones de cámaras de seguridad (que suelen ser borradas automáticamente después de un cierto tiempo), ni tampoco se adoptan otras medidas que sólo son efectivas dentro de un determinado plazo.
Como Observatorio de Violencia Social y de Género, hemos dado seguimiento a los casos de personas desaparecidas, y hemos encontrado un patrón de serias falencias en las investigaciones puesto que las autoridades no intervienen durante la denuncia de desaparición ni en el período inmediatamente posterior, no se realizan búsquedas de las víctimas ni se inician investigaciones inmediatamente, se culpa a las víctimas por lo sucedido y se dan presunciones infundadas sobre el paradero de las mismas. Se puede precisar que el hecho de no investigar contribuye directamente a que se produzcan nuevas desapariciones por el abandono de responsabilidades por parte del Ministerio Público, además de que se delegan tareas de investigación a familiares de las víctimas.
Ante todo esto, es importante que la sociedad esté alerta para prevenir y denunciar en el momento oportuno cualquier situación respecto a la desaparición de personas en nuestro entorno, puesto que la participación ciudadana en mayor medida elevará la presión sobre la autoridad, primero para dar solución a los casos que actualmente existen y en un segundo momento para poner mayor atención sobre la prevención de estas situaciones que degradan la convivencia social y van destruyendo el tejido social de Aguascalientes.
Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades del Estado para que se generen las medidas pertinentes para la atención y erradicación de este tipo de problemas sociales que son evitables, instrumentando los protocolos adecuados con políticas públicas que atiendan concretamente las desapariciones y los esfuerzos de las familias de personas desaparecidas, recordándoles que la impunidad es el primer eslabón de la cadena de delitos que hoy ensombrecen y dañan a nuestro país y también a nuestro estado.
| FUENTE: http://www.viveaguascalientes.com |
