La máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos fundamentales en Europa ha reprobado la despiadada y brutal acción policial de la redada nocturna en la escuela Díaz, donde pernoctaban algunos de los manifestantes antiglobalización, donde hubo un muerto y cientos de heridos.
La sentencia del tribunal detalla que la intervención policial fue “un puro ejercicio de violencia de una severidad inusual”, ya que estuvo dirigido a la “humillación y sufrimiento físico y mental de las víctimas”, pero los jueces precisan que los culpables no fueron castigados porque las leyes italianas no contemplan el delito de tortura.
La fiscalía abrió causa contra De Gennaro por haber inducido al comisario general de Génova a mentir y a desdecir declaraciones en las que le acusaba directamente de ser el vértice de la cadena de mando que ordenó a más de 300 policías irrumpir en la escuela y cargar contra los manifestantes.
De Gennaro fue absuelto en Italia, tras ser condenado en primer grado a un año y cuatro meses. Pero el fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos ha reabierto la polémica sobre su actuación, particularmente ahora que es presidente de la junta directiva de Finmeccanica.
“Lo dije cuando fue nombrado y lo repito después de la sentencia. Es vergonzoso que De Gennaro sea presidente de Finmeccanica”, escribió en Twitter Matteo Orfini, presidente del gobernante Partido Democrático.
Otras voces han salido en defensa de la gestión de De Gennaro al frente de la empresa pública. El actual primer ministro italiano, Matteo Renzi, del mismo partido que Orfini, ha defendido su “capacidad y competencia”.
En 2013, el entonces primer ministro, Enrico Letta, designó a De Gennaro presidente de Finmeccanica para implantar mando militar en la empresa de tecnología aeroespacial y de defensa, asolada por escándalos de corrupción en la “era Berlusconi”, como el caso Lavítola.
Panamá aguarda
Justamente, sobre este caso, el director general de Finmeccanica y cabeza ejecutiva del poderoso conglomerado, Mauro Moretti, se reunió el pasado febrero con el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y con el embajador panameño en Italia, Fernando Berguido, para tratar de solventar las tensiones en torno al contrato de venta –sobre el que hay denuncias de corrupción– de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital por un monto de 250 millones de dólares.
En aquella ocasión, el jefe de Finmeccanica se comprometió a entregarle a Panamá, antes de un mes, una propuesta con el fin de encontrar una solución amigable a un contrato que ha sido suspendido por Panamá debido a una serie de faltas, incluyendo la disfuncionalidad de los radares, que han resultado ineficaces en la detección de las lanchas rápidas que usualmente utilizan los narcotraficantes para mover su mercancía.
Pero, a pesar de haber transcurrido casi dos meses, la propuesta de Moretti no ha sido recibida aún.
Panamá tiene varias cuentas pendientes –y no solo técnicas– con la empresa italiana. El embajador Berguido manifestó en el pasado que más importante que el aspecto técnico, “es el tema de la contratación misma”.
Inaceptable comisión
“Para Panamá es inaceptable que se haya incluido una comisión del 10%. Esta fue una compra directa, no hubo licitación, no hubo pliego de condiciones, no hubo transparencia. Se dio bajo el marco de un convenio entre dos gobernantes y para nuestro país es inaceptable que dentro del precio se incluyera una supuesta comisión que, además, era secreta, amparada en una sociedad anónima directamente vinculada al señor Valter Lavítola. Este tema es fundamental para nuestro país”, subrayó Berguido ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional antes de llegar a Roma.
Por este caso de supuesta corrupción internacional Italia-Panamá, se sentarán en el banquillo de los acusados en el Tribunal de Roma –el próximo 24 de mayo– el exdirector comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere y el intermediario entre los dos países Valter Lavítola, ya condenado en Nápoles a tres años y once meses de prisión por extorsión y corrupción internacional en Panamá.
Sin embargo, independientemente de la sentencia final, para las nuevas autoridades panameñas resulta inaceptable que la empresa Finmeccanica suscribiera un contrato que preveía secretamente un sobrecosto de, al menos, 10% de su valor.
| FUENTE: Victoria Isabel Cardiel C. - http://prensa.com |
