Según la entidad judicial, 14 de los 28 miembros del anterior Ejecutivo rinden indagatoria o están sujetos a medidas cautelares por la ejecución de contratos millonarios a través del Programa Nacional de Ayuda (PAN).
Entre los casos más connotados asociados a esta institución resaltan los sobrecostos en las compras de comida deshidrata, sacos de arroz y mochilas escolares, además del alquiler de helicópteros.
Paralelo a los 10 expedientes abiertos por peculado a través del PAN, el MP investiga a las empresas Cobranzas del Istmo, S.A. e Hidalgo & Hidalgo, contratadas por el Estado, por delitos contra la administración pública.
Al respecto, sobresale la gestión de cobros de impuestos morosos y el proyecto fallido del sistema de riego de Tonosí, sobre el cual el exvicepresidente Felipe Virzi, en su declaración de ayer ante la Fiscalía Anticorrupción, señaló a Martinelli como la persona responsable de la ejecución del mismo.
De los 14 integrantes del gabinete del exmandatario que están bajo pesquisa, 10 rindieron declaración, nueve cumplen diferentes tipos de medidas cautelares, cuatro están sujetos a detención preventiva y dos se encuentran prófugos.
Aunque todavía no pesan cargos sobre Martinelli, la Corte Suprema de Justicia lo inquiere por delitos contra la administración pública, posible peculado en el PAN y violación de la privacidad, a través del espionaje telefónico.
Ante la cantidad de casos abiertos al unísono, y la posibilidad de que se sumen otros en las próximas semanas, la Procuradora General de la República, Kenia Porcell, adelanta gestiones para la creación de una nueva Fiscalía Anticorrupción.
Las auditorías que realiza actualmente la Contraloría General de la República llevaron al MP a considerar que seis órganos judiciales de ese tipo, no resultan suficientes para lo que se avecina a medida que avanzan las pesquisas.
Desde la llegada de Porcell al MP, en 2014, se abrieron media docena de fiscalías, entre ellas dos nuevas anticorrupción (quinta y sexta) y una antipandillas.
FUENTE: Prensa Latina |