"Hay una estrategia judicial de observar con mucho cuidado y detenimiento, según los alcances que tengan o que puedan tener, elementos concretos de la realidad para ser utilizados por quienes quieren el fin de los Gobiernos progresistas de América Latina", aseguró el senador del Partido Movimiento Amplio Social (MAS).
Para Navarro existe una combinación de factores y un esfuerzo de sectores nacionales e internacionales que determinan una política sistemática de generar procesos de cuestionamiento a través del Poder Judicial y eso es un cambio estratégico en comparación a lo que fueron los golpes militares del siglo XX.
"En Brasil hay un esfuerzo de sectores nacionales e internacionales para que Dilma sea procesada más allá del tema de fondo de la investigación judicial. Como los golpes militares ya no tienen cabida en América Latina ahora es el turno y la década de los poderes judiciales", enfatizó.
La derecha internacional tiene un "interés innegable" del proceso de juicio político hacia la presidenta de Brasil como también han querido incidir en Venezuela, aseguró Navarro.
Por otro lado, algunos presidentes de América del Sur están siendo cuestionados, de manera mediática, por presuntos casos de corrupción, pero sin acusaciones judiciales directas que puedan involucrarlos.
El senador perteneciente a la coalición oficialista de Chile resaltó los casos de Ollanta Humala en Perú con respecto a la presunta vinculación a sobornos de la primera dama, Nadine Heredia, y las acusaciones hacia el hijo de Michelle Bachelet por tráfico de influencias.
En relación a Bachelet, Navarro precisó que ese tema puntual perjudicó la popularidad de la presidenta en un caso que se exageró y no fue comprobado.
"Los temas se han exacerbado, por ejemplo, lo que pasó con el hijo de la presidenta Bachelet, hay una mirada internacional que genera un pacto desproporcionado a los hechos", explicó.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció en la noche del miércoles que aceptó el pedido del jurista Hélio Bicudo para dar inicio al procedimiento de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
A partir de la aceptación de Cunha serán los 513 diputados los que deberán decidir los méritos del pedido con la aprobación de al menos dos tercios del pleno, es decir, al menos 342 votos.
En caso de que la votación sea a favor del impeachment, la presidenta Rousseff deberá dejar el cargo durante un período de 180 días.
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