En su decisión, el magistrado sugiere que Rousseff podría haber cometido un delito y argumenta que, si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la policía, la fiscalía y el poder judicial. La decisión del juez responde a una demanda de los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la justicia contra Lula, investigado en diversos procesos y acusado formalmente de los delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
En su resolución, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública. Los delitos de "responsabilidad" son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado. En este sentido, el juez ordena que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
La Cámara de Diputados decidió reanudar este mismo jueves el trámite de un posible juicio político a Rousseff, tras conocerse el miércoles unas grabaciones comprometedoras de conversaciones entre la presidenta y Lula. Las grabaciones hechas con orden judicial generan la sospecha de que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso judicial contra el exmandatario. En respuesta, la presidenta de Brasil acusa al juez Sergio Moro de difundir una grabación ilegal y antidemocrática y ha prometido una investigación exhaustiva sobre el tema.
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