El acuerdo firmado entre el Gobierno y los caciques de la comarca Ngäbe-Buglé, para dar continuidad al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, es considerado una burla y un atentado contra la seguridad jurídica en el país."Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco. Genisa, concesionaria del proyecto, nunca ha sido parte de dicha mesa de diálogo", aseguró la empresa, a través de un enérgico comunicado.
Agregó que , durante este tiempo, se han tomado y se siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto, lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a los equipos y obras de infraestructura, entre otros.
Enfatizó que el lunes, el Gobierno anunció la firma de un acuerdo con la Comisión Indígena, el cual fue informado a la empresa con posterioridad a este evento. Genisa no es parte de este acuerdo.
Los señalamientos de la empresa que construyó la hidroeléctrica contrastan con las aseveraciones del Gobierno de que Genisa demostró un completo entendimiento de la situación del proyecto y cooperó para alcanzar una solución.
Además, destacó el Gobierno que precisamente, gracias al proceso de diálogo fue posible llegar a un acuerdo que respeta la seguridad jurídica.
Muy contrario a lo que señala el Gobierno, Genisa destaca su desacuerdo ante las imposiciones incluidas en el convenio y las afectaciones sufridas hasta la fecha y que sobrevendrán a futuro como consecuencia de la mesa del diálogo.
Añadió que se reserva el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a su disposición para proteger su derecho a un trato justo y equitativo de su inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a sus derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
Genisa no es la única preocupada. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) emitió severos señalamientos.
"Nuestro ordenamiento constitucional exige que los procesos se lleven a cabo con apego a la ley y sin fueros ni privilegios, de allí nuestra preocupación de que a un proceso con complicados ribetes jurídicos y culturales, se le haya buscado una solución política", indicó el gremio empresarial.
Para Apede, la solución del Gobierno podría no ajustarse al ordenamiento jurídico del país y pidió que Genisa sea incluida como parte integral.
"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que divulgue mayores detalles sobre el acuerdo, incluyendo cómo el mismo se enmarca dentro de la ley, para así enviar una señal clara de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica de las inversiones", exigió Apede.
Mientras que Roberto Meana, administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), señaló que el acuerdo se dio luego de que "la empresa Genisa comprendiera que el problema son ellos y decidieran alejarse del proyecto", totalmente incongruente con la postura de Genisa.
Por su parte, Aida Michelle de Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señaló que lo de Barro Blanco es un precedente "nefasto" para el país, sobre todo, por la forma como se llegó al acuerdo.
Considera que en este acuerdo debieron estar presentes todas las partes y no solo los representantes ngäbes y buglés y el Gobierno.
El jurista Ernesto Cedeño advierte que en Derecho Administrativo, si una persona tiene una concesión o un contrato público, ningún gobierno lo puede "desalojar" si no es a través de dos vías, la resolución administrativa del contrato por incumplimiento y la otra es la indemnización a la empresa afectada.
Detalló que un acuerdo sin la aprobación de la concesionaria pudiera lesionar la seguridad jurídica y el principio de legalidad que en Panamá tiene rango supremo.
Genisa y sus contratistas aseguran que han cumplido en todo momento y a cabalidad con todos los permisos y regulaciones aplicables conforme a la ley panameña.
"Lamentamos cómo estas decisiones y situaciones han incidido materialmente y de manera negativa en la construcción y a futuro en la operación comercial de este proyecto, que fuera declarado de interés público y carácter urgente" por el Gobierno de la República de Panamá y que se nos adjudicó en el año 2007, producto de un acto de licitación pública internacional", declaró la empresa.
Cedeño añadió que la Sala Tercera de la Corte Suprema dijo en sentencia de 30 de abril de 2009: "El Estado tiene la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que abran paso a situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico".
Gobierno desplaza a Genisa y ni siquiera le informa previamente
El acuerdo que el presidente Juan Carlos Varela asegura fue producto del diálogo no cuenta con la firma de ningún representante de la concesionaria de Barro Blanco, Genisa, ni del presidente del Congreso General de la población indígena, Demecio Cases.
El convenio del cual Genisa no participó establece que esta empresa se retira del proyecto hidroeléctrico.
También señala que será reemplazada en la operación del proyecto por un tercero independiente a dicha empresa, con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
El acuerdo incluye además que la obra será operada por un grupo de profesionales contratados para ese propósito.
Las acciones de Genisa serán traspasadas a un fideicomiso, y el Banco Nacional será el fiduciario.
Dirigente panameñista plantea desigualdad en las negociaciones
La falta de interés del Gobierno de escuchar a la población que reside próxima al proyecto Barro Blanco, ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, genera la reacción de distintos sectores y trasciende alcanzando incluso el análisis de la situación económica de la comarca Ngäbe-Buglé.
Arnulfo Arias Olivares, dirigente del Partido Panameñista, aseguró que los índices de pobreza extrema en la comarca Ngäbe-Buglé superan el 90%. Uno de los más altos marcadores de pobreza extrema en África es el de Burundi, con 81.32%, y ese índice es superado por nuestra comarca Ngäbe.
“Precisemos realidades; la pobreza extrema es la situación según la cual el individuo vive –si a eso se puede llamar vida- con menos de 1.25 por día. A la vuelta de la esquina, y dentro de nuestro territorio, tenemos nuestra propia África necesitada, dijo Arias.
Detalló que “ante esa realidad, debatible solo por aquellos que no quieren ver, nos preguntamos cómo se pueden proponer siquiera acuerdos de cualquier naturaleza ante una población que vive en el umbral mismo de la necesidad más apremiante. En medio de una mesa de negociación, ¿qué podría perder aquel que de todo carece y de todo ha carecido?
Indígenas, molestos por acuerdo
Los aborígenes dicen sentirse engañados y traicionados, porque en ningún momento avalan ese pacto.
Afectada por incidente: Unidades policiales y del SPI lanzaron gas pimienta contra quienes mostraron su oposición a la firma del acuerdo por parte de algunas autoridades tradicionales y el presidente Juan Carlos Varela.
Confusión tras descontento: En medio del enojo por parte de quienes estaban presente en Llano Tugrí, donde se firmaba el acuerdo, se lanzaron algunas piedras que impactaron contra unidades policiales y contra un vehículo de la Presidencia.
FUENTE: http://www.panamaamerica.com.pa
