Una política de represión ha empezado a instaurarse por parte del Gobierno Nacional contra quienes reclamen una respuesta pronta a sus problemas y necesidades, lo que resulta muy peligroso, advirtieron miembros de la sociedad civil.Tras cumplirse los dos años de gobierno, diversos sectores de la sociedad han visto cómo sus problemas se han ido agudizando, y la respuesta del Gobierno y los encargados de las distintas carteras, no viene sino de la Policía Nacional. Esto en servicios de agua, salud y educación.
Ante esto, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha esquivado su responsabilidad de conciliar las exigencias de la población, llamando "ñañecos" a quienes se atreven a cuestionar la inoperancia del Gobierno e instituciones.
Incluso ha solicitado a la ciudadanía presentar sus reclamos y protestas en las vías de acceso a la Presidencia de la República, el día que se reúne el Consejo de Gabinete (...).
También por considerar que lo más prudente es que las protestas se hagan frente a los ministros, que son los que tienen capacidad para resolver sus reclamaciones.
No obstante, tras los últimos incidentes protagonizados entre unidades de antimotines y la población, un nuevo elemento ha surgido contradiciendo el anuncio de diálogo y conciliación del Gobierno. Ahora se ha optado por un despliegue policial que ha causado lesiones en funcionarios y manifestantes.
El primero de ellos, contra un grupo de manifestantes del partido Cambio Democrático (CD), quienes esperaban la liberación de su presidenta encargada Alma Cortés. Ese día trascendió que existían órdenes estrictas de no permitir la salida de la exministra de Trabajo y bloquear la llegada de civiles a las inmediaciones de la sede de la Policía, en Ancón.
Ante esto, Cortés sostuvo que el presidente Varela se ha enfocado en la persecución política y ha olvidado resolver los problemas puntuales de la población, lo que provocaría el aumento de las protestas en las calles.
Por ejemplo, la reciente represión contra los moradores de la provincia de Colón, que protestaban porque no tenían agua en sus casas, "pero en vez de darles respuestas, les mandaron a la Policía", señaló Cortés.
Las personas de Nueva Providencia, en Colón, exigían la presencia del presidente Varela u otra autoridad competente para obtener una solución de que recibirían el vital líquido, sin embargo, fueron reprimidos por los policías.
Hubo heridos
Aunque en el caso de Colón solo hubo detenidos, en las regiones indígenas la situación ha sido otra, llevando a enfrentamientos en la provincia de Bocas del Toro, lo que provocó un saldo de ocho personas heridas.
En este caso, el presidente Varela excusó que durante la intervención policial no se utilizaron armas peligrosas. "En todos los conflictos, lastimosamente hay situaciones, allí no se usó nada que pueda causar un daño a las personas".
El presidente, además, llegó a sostener que no se permitirán faltas de respeto contra las autoridades y mantendrían las carreteras abiertas al libre tránsito.
Sin embargo, la semana pasada un fuerte contingente policial se enfrentó a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), provocando el cierre de la vía Transístmica por varios días, y la cancelación de clases en esta casa de estudios ante los disturbios y daños materiales.
Debe haber un balance
Para el exdirector de la Policía Nacional, Rolando Mirones, debe haber un balance entre el derecho a protestar, como la justa aspiración que no involucre a terceros, y el Estado velando porque estos procesos se den de la manera más humana posible.
Destacó que no se pueden vulnerar los derechos de las personas o ir más allá de la fuerza pública necesaria para resolver el conflicto, pues hay parámetros para realizar las acciones.
"Se dice que la policía debe ser profesional porque no se trata de reprimir a las personas; y como lo dicen los reglamentos, incluso de salvaguardar la vida de quienes están protestando", instruyó.
Añadió que "si en efecto existe una orden de que se reprima, tratar de acallar es injusto porque pone a los policías en una situación muy difícil; muchos hasta están en desacuerdo y no tiene sentido, porque no son ellos quienes van a resolver los problemas".
Agregó que la represión no va a resolver ningún problema, aunque a veces la intervención policial es necesaria cuando las personas no entienden. "Si este Gobierno va a utilizar como política resolver problemas a punta de represión, va muy mal".
Según el dirigente gremial Fernando Cebamanos, los gobiernos endurecen las medidas, ante la poca credibilidad de que gozan.
"Aquellas promesas en relación al agua, el conflicto de Barro Blanco, que se mantuvo en una negociación que se desconocía en todo tiempo y la población indígena no acepta, y una cantidad de promesas no cumplidas que se van generando, demuestran la falta de capacidad para negociar", opinó el dirigente.
Cebamanos manifiesta que "sería un repunte de los sectores populares, la orden de responder con represión, lo cual es peligroso por haber aceptado a militares en la dirección de la Fuerza Pública".
En este sentido, el economista Juan Jované señaló que el presidente Juan Carlos Varela ha demostrado una gran incapacidad para resolver los problemas sociales. "Se recurre crecientemente a la represión, y empezamos a asistir a un fenómeno de ruptura democrática, cediendo los poderes a los militares".
Modelo de gobierno de JC. Varela ha fracasado
“El modelo presentado por el Gobierno para gobernar está agotado y no responde a la sociedad, y por ello intenta mantener su modelo a través de la represión de quienes se oponen”, afirmó el catedrático y excandidato presidencial por la vía independiente Juan Jované.
Jované sostuvo que no puede colocarse al frente de la solución de conflictos a personas con formación militar, como lo representan el ministro de Seguridad y algunos subjefes, pues estos tienen una formación de aniquilar al enemigo, y el Gobierno no está para eso. “Esa mentalidad introducida dentro de un Estado civil es muy peligroso”, lamentó.
Personas lesionadas y daños materiales ha sido el resultado de las protestas.
Gobierno reconoce daños causados por la represión de los manifestantes.
No confirmaron los hechos: Voceros del Gobierno negaron un incidente en la región de Bocas del Toro, donde varios agentes policiales resultaron heridos, tras la firma de un acuerdo para el funcionamiento de la hidroeléctrica de Barro Blanco.
Temen acudir a instituciones: Tras el incidente, los indígenas se negaron a acudir a los centros médicos por temor a ser detenidos y procesados por oponerse al acuerdo, por lo cual solicitaron la intervención del defensor del pueblo.
Disturbios en la Universidad: Esta semana el cuerpo de antimotines custodió los predios de la Universidad de Panamá (UP), por varios días consecutivos, lo que fue calificado como una provocación por los estudiantes y su derecho a protestar.
Claves
8 heridos entre indígenas y policías fue el saldo de una manifestación en Bocas del Toro.
2 días después del suceso, el Gobierno reconoció que hubo un incidente producto de represión.
Cifras
$1,600 ha sido el aumento salarial para comisionados de la Policía Nacional.
$520 a los capitanes y entre $40 y $75, según el rango, en el resto de los policías.
FUENTE: http://www.panamaamerica.com.pa
