
En este sentido, el Juzgado Decimosegundo de Circuito Ramo Penal había concedido una prórroga indefinida al despacho de instrucción, resolución que fue revocada por la citada instancia superior, al considerar que ya se habían vencido los términos de la investigación.
La nueva investigación que se pretendía abrir contra Pérez era por el supuesto delito contra la administración pública, por la contratación para la instalación de un software denominado Da Vinci.
Una de las principales quejas que han sostenido los abogados defensores en los casos contra funcionarios del pasado gobierno es el hecho de que los procesos que se han instruido en el Ministerio Público han avanzado, pese a que se habían agotado los términos que establece la ley.
Gustavo Pérez permanece detenido, tras una sentencia de cinco años de prisión por el hallazgo en su residencia de armas de colección, luego de un allanamiento que se le practicó por el caso de los pinchazos telefónicos.
La defensa de Gustavo Pérez presentó un amparo de garantías ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, contra la resolución del Juzgado Decimosegundo de Circuito.
Ante la orden del tribunal, se suspende toda investigación a Pérez por este caso.
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