Un informe interno del Ministerio de Defensa argentino denunció "irregularidades" entre 2015 y 2016 en la compra de las baterías del submarino desaparecido hace más de diez días en el Atlántico, una alteración de los conductos regulares por parte de la Armada con la que se habría buscado beneficiar a determinados proveedores. Así lo indica una investigación publicada en el diario argentino La Nación, que tuvo acceso a la copia de las actuaciones y a otra auditoría de la Sindicatura General (Sigen) que también puso en duda el procedimiento.Esta revelación podría ayudar a la Justicia a determinar qué ocurrió con el ARA San Juan, y en este sentido, la jueza federal que sigue el caso ya ha pedido al complejo donde se llevó a cabo la operación de reparación de media vida y recambio de las baterías.
"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no solo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", añadía la investigación.
El Gobierno argentino se ha comprometido, en declaraciones al citado diario, a revisar "todos los procesos dentro de la Armada" y ha anunciado que se abrirá una investigación "profunda". Y es que los informes internos llevaban circulando por los despachos desde 2015. Se da la circunstancia de que además en los albaranes no coincidían ni con el número ni con el monto de las facturas adjuntadas a las órdenes de pago, que sumaban 1,3 millones de euros. La revisión de la documentación llegará, eso sí, una vez que se haya atendido la prioridad, que es localizar el submarino y a sus tripulantes.
Crisis en la Armada
La búsqueda del submarino sigue estancada en el Atlántico Sur, donde siete buques tratan de dibujar un mapa del fondo marino a pesar de las complicaciones del clima, que demoró el sábado el operativo con el que se iba a incorporar a las tareas de búsqueda la cápsula de rescate estadounidense integrada en el buque de bandera noruega Sophie Siem. Tantos días de intentos infructuosos para localizar el submarino acaban cundiendo en el desánimo de los familiares de las víctimas y en el seno de la Armada.
De acuerdo con el diario argentino Clarín, el contralmirante Gabriel González, jefe de la base naval de Mar del Plata, donde se encuentra la sede del Comando de Submarinos de la Armada -a kilómetros del puerto de Comodoro Rivadavia, que es de donde parten los operativos-, ha pedido el retiro. El contralmirante Gabriel González, además, ha ejercido hasta ahora como portavoz de los operativos, convertido así en foco de las críticas de algunas familias, que creen que ya debería empezarse a descartar oficialmente que los 44 sigan vivos. Pero el Gobierno tampoco ha ocultado su malestar hacia el manejo del asunto que está haciendo la Armada, y por ello se han abierto 40 expedientes. Un relevo podría suponer además una renovación en el resto de la línea de mando.
FUENTE: Con información de https://www.elconfidencial.com
