El cierre se anuncia dos días después de que los ministros de los países de la Unión Europea (UE) firmaran un acuerdo para obligar a intermediarios y consultores a reportar cualquier intento o posible evasión fiscal de alguno de sus clientes.
La publicación de los Panama Papers y los Paradise Papers, producto de la filtración de documentos de las firmas Mossack Fonseca en 2016 y Appleby en 2017, respectivamente, pusieron el tema de la elusión fiscal en el radar de la UE. Y a partir de entonces, se ha devenido en una espiral de eventos que han puesto al istmo en medio de un torbellino reputacional.
El nuevo paquete de reglas fiscales fue aprobado el pasado lunes 13 de marzo por los ministros de finanzas de la UE, un día antes del anuncio de cierre de Mossack Fonseca. Las nuevas reglas aplicarán para contadores, firmas de abogados, consultores financieros e intermediarios que operen en la región europea, que de no hacerlo, serían penalizados.
Medidas similares ya habían sido aprobadas en Panamá con la Ley 23 del 2015, que obliga a nuevos sujetos financieros, entre ellos contadores y abogados, a reportar cualquier transacción sospechosa. Aun así, el país no ha logrado salir de las listas negras y grises de la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? (OCDE).
La semana pasada se publicó en gaceta oficial la reestructuración de la nomenclatura para la inscripción de sociedades en el Registro Público, eliminándose el título ‘offshore', ya que carece de fundamento legal, medida que a juicio del abogado Adolfo Linares no es más que otra acción para complacer los supuestos ‘estándares internacionales' que quiere imponer la OCDE, y que ‘solo los países bananeros, como Panamá, nos dejamos'.
El negocio de sociedades anónimas e intermediación financiera era un pilar importante para la economía nacional, que se sustenta en casi un 50% en el sector terciario de servicios.
FUENTE: Rekha Chandiramani - http://laestrella.com.pa - (PULSE AQUÍ)