Por: Guillermo A. Cochez - Cuando el presidente Varela, el 21 de diciembre de 2017, en acto público en Veraguas, llamó ‘presidente' a su entonces ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, generó molestias entre otros aspirantes del panameñismo. Lo dicho por él reflejaba sus inocultables preferencias, las cuales como militante panameñista las puede tener, pero no deben ser expresadas como mandatario de una Nación que es. En un Estado democrático los mandatarios deben ser respetuosos de las leyes que ordenan que los favores y recursos públicos no pueden mezclarse en asuntos meramente políticos. Desconocedor de muchas reglas, parece que Juan Carlos Varela tampoco se ha aprendido esta bien.La actuación de Varela me hace recordar la del Gobierno liberal presidido por Marco Robles en el periodo 1964-68, precisamente ‘ganado' por el fraude cometido al líder panameñista Arnulfo Arias en las elecciones de 1964. Robles, un empedernido jugador de dominó, hizo todo lo posible para trancarle el juego a todos los adversarios de su ministro de Hacienda y Tesoro, David Samudio, su escogido para reemplazarlo como presidente. Logrado este propósito, tenía igualmente que asegurar a toda costa el triunfo de su amigo en las venideras elecciones frente Arnulfo Arias; no importaba si haciendo alguna de las típicas trampas del dominó. Eso significó poner al servicio de Samudio toda la maquinaria estatal, obligando a los empleados públicos a asistir a sus manifestaciones políticas.
Presidido por el gran médico neurocirujano Antonio González Revilla, el Partido Demócrata Cristiano decidió armarle un expediente al presidente Robles y lo acusó formalmente ante la Asamblea Nacional de utilizar los recursos públicos para favorecer al candidato oficialista, con lo cual interfería ilícitamente en el proceso electoral, hecho vedado al primer mandatario, violando la Constitución Nacional. El PDC, el partido más pequeño, pero reconocido como el más organizado y de mejores cuadros, tuvo como acusador de Robles al prestigioso penalista demócrata cristiano Rubén Arosemena Guardia. La Asamblea, luego de varias audiencias, destituyó a Marco Robles y tomó el juramento al primer vicepresidente, Max Delvalle, del Partido Republicano, antiguo aliado de Robles, pero que ahora apoyaba la candidatura de Arnulfo Arias.
Muchos aseguran que lo que ocurrió después de ese juicio político fue detonante de la crisis que meses después dio pie al golpe militar. La Guardia Nacional, en ese momento dirigida por el general Bolívar Vallarino, mandó a la Asamblea Nacional un batallón, presidido por el teniente coronel Omar Torrijos Herrera, para notificarle a los diputados que la decisión de destituir al presidente Robles tendría que ser consultada a la Corte Suprema de Justicia, para ver si la misma era lícita. Corte, como era evidente, nombrada por los dos últimos Gobiernos liberales y por ello favorable a Robles. Estando la Corte Suprema en receso, fue un pinche juez municipal quien acogió un amparo de garantías constitucionales contra la decisión de destituir a Robles y lo mantuvo en su puesto hasta el final de su mandato.
Los militares se prestaron para desconocer una soberana decisión de la Asamblea y después, ante el descrédito de la clase política en unas violentas elecciones de ese año, dieron el golpe de Estado que dio al traste con la seudodemocracia que vivíamos, plagada de fraudes y peculados, donde los políticos y la oligarquía se dividían la cosa pública como si fuera un pastel.
Si bien eso ocurrió hace 50 años, como bien siempre señaló el doctor Arnulfo Arias, ‘la historia se repite en espiral'. ¿Será eso lo que pretenden los que, violando toda la normativa legal, interfieren en la escogencia democrática del candidato a presidente del Partido Panameñista? ¿Qué pretenderán los que, usando recursos del Estado, le buscan votos internos a uno de los candidatos presidenciales de ese colectivo político, presionando a empleados públicos para lo apoyen? ¿Por qué, estando las finanzas públicas en tan mal estado, se siguen haciendo nombramientos a fin de ayudar a un candidato en particular? ¿Por qué el Tribunal Electoral, como se los solicité meses atrás, no interrumpe la excesiva campaña publicitaria del Gobierno en medio de una campaña electoral?
Dicen que un golpe militar no se puede dar porque ya no tenemos militares. ¿Será por eso que se sienten que pueden hacer lo que les da la gana? ¿Será esa la explicación de los tantos aumentos a los policías y sus jefes? ¿Se habrán dado cuenta de que si siguen en lo que andan para favorecer a un determinado candidato, se podría dar un escenario de esos que el doctor Arias Madrid consideró ‘la repetición de la historia en espiral'? No nos olvidemos de aquel consejo que de niños nos daban los mayores: ‘El que juega con fuego termina quemándose'.
ABOGADO, POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO.
FUENTE: Artículo de Opinión - Guillermo A. Cochez - http://laestrella.com.pa ->> Ir
