La jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, deben salir a dar explicaciones al país, luego de publicaciones recientes que confirman que desde el Consejo de Seguridad se armaron expedientes contra adversarios de este Gobierno, que luego fueron judicializados en la Procuraduría de la Nación.Esta es la exigencia de diversos sectores de la sociedad civil panameña, que también critican el comunicado que emitió la semana pasada la Secretaría de Comunicación del Estado sobre este escándalo.
Dicho comunicado, que no excusa el silencio hasta ahora de Kenia Porcell y de Rolando López, generó más dudas sobre el papel encubridor del Ejecutivo en una trama que confirma que la mayoría de los casos contra adversarios políticos del presidente Varela fueron elaborados con supuestas pruebas obtenidas de manera ilegal.
Para el abogado Jaime Raúl Molina, el "comunicado tardío" de la Presidencia, tras la serie de entregas de La Estrella de Panamá, "crea una mala sensación".
El jurista advierte que es más lamentable aún que en dicho comunicado "no se diga nada sobre el meollo del asunto", y se trate de justificar el punto de la contratación del abogado particular Rogelio Saltarín, "algo que nadie está señalando como irregular", pero que no se den explicaciones sobre "la participación del Consejo de Seguridad en investigaciones por delitos comunes", resumió ayer Molina en el programa televisivo Radar.
Para el abogado Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, es censurable que la Secretaría de Comunicación del Estado trate de confundir a la opinión pública con un comunicado que justifica la contratación del abogado privado de Varela, pero que evita hablar de lo más "neurálgico y controversial", aclarar si dicho abogado particular usurpó funciones del MP.
Lee también opina que una aclaración en ese sentido debe venir del propio Ministerio Público.
"Eso es lo que exigimos, que el MP aclare estas especulaciones" sobre una "procuraduría paralela" que habría elaborado "la hoja de ruta" para los casos que luego se iniciaron.
¿Cuál era el interés del Ejecutivo al otorgar superpoderes al Consejo de Seguridad, usurpando el rol constitucional del MP? ¿Por qué se colocó al frente de la Procuraduría a una figura proveniente del Consejo de Seguridad? ¿Por qué hasta ahora no se ha ordenado una auditoría a las "investigaciones" que hizo el abogado Saltarín?
Para Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), estas y otras interrogantes deben ser aclaradas por el Ministerio Público y el Consejo de Seguridad Nacional. "Tienen que aclararnos qué pasó, por qué pasó, y dar la cara ante la sociedad", exigió ayer el abogado gremialista.
En duda
Consejo de Seguridad: La injerencia ilegal en investigaciones por parte de Rolando “Picuiro” López, ha sido planteada desde inicios del Gobierno en entregas periodísticas de diversos medios (escritos y televisivos), sin que hasta la fecha se haya ordenado una auditoría a los procedimientos denunciados o se haya emitido algún comunicado aclaratorio bajo la firma de Rolando López.
Ministerio Público: La duda sobre una justicia selectiva se da también con la procuradora Kenia Porcell, quien ha sido denunciada por supuestamente haber estado participando de expedientes cuando era subdirectora del CSN, algo que ella no ha negado, y que luego daría seguimiento en la Procuraduría. “El MP y el CSN deben dar la cara y explicar sobre esta temática”, pidió el presidente del CNA.
FUENTE: Con información de http://panamaamerica.com.pa ->> Ir
