
La investigación judicial, en manos de la magistrada María Elena Sancho, se centrará en establecer si la actuación de las personas vinculadas con la excavación pudo contribuir, de forma involuntaria, al accidente que acabó con la vida del pequeño. Es decir, la Fiscalía y la jueza establecerán ahora si existen indicios de irregularidades en la construcción y mantenimiento posterior del largo agujero. Para ello, tomarán declaración en los próximos días a los dos principales sospechosos, que ya han declarado ante la Guardia Civil.
El Juzgado abrió diligencias unos días después del suceso, el pasado 22 para acotar las circunstancias previas de la muerte del pequeño y ha comenzado a recibir lo primeros atestados. Han sido también estas dependencias judiciales las que procedieron al levantamiento del cadáver. El último informe recibido es el de la autopsia que refleja golpes compatibles con la caída.
Por ahora, la atención se centra inevitablemente en las dos personas que intervinieron en la construcción del pozo. El empresario que lo efectuó, Antonio Sánchez, ya manifestó ante la Guardia Civil que cuando acabó los trabajos taponó la boca y destacó que su labor se modificó después. También aseguró que pensó que la obra contaba con permisos, aunque los que le mostraron pertenecían a otro terreno. Se investiga también si el propietario de las tierras efectuó o no trabajos posteriores que alteraran la seguridad de la zona y dejaran al descubierto el orificio. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de https://www.elconfidencial.com