El acuerdo del Consejo de Ministros, que fue explicado sucintamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue notificado a las partes esta misma semana, así que los plazos empiezan a correr. La resolución hace primero un repaso detallado de todas las alegaciones, recursos y recusaciones presentadas por los siete nietos del dictador, la Fundación Nacional Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y Santiago Cantera, el prior administrador de la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Tras ese resumen, que ilustra el "complicado" procedimiento al que ha tenido que hacer frente el Ejecutivo desde que aprobó el real decreto ley que permitió la exhumación de Franco, hace acopio de los fundamentos jurídicos que servirían de base para desestimar todas las alegaciones presentadas por las partes y de sustento ante el anunciado recurso judicial ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo insiste en que todo el expediente, instruido por la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre (recusada hasta en 12 ocasiones), se ha conducido en todo momento con las máximas "garantías". En definitiva, que ha ido lento pero seguro.
"No asiste a los familiares de Francisco Franco Bahamonde un derecho a exigir que su pariente permanezca en el lugar de enterramiento que le fue originariamente asignado al ser tal lugar de enterramiento un espacio de titularidad pública y corresponder, por consiguiente, a los propios poderes públicos decidir libremente el uso que haya de dársele", señala el documento. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JUANMA ROMERO - El Confidencial