56 páginas para intentar rebatir las tesis de la familia de Francisco Franco y de la comunidad benedictina que custodia el Valle de los Caídos. Y también para convencer al Tribunal Supremo, cuando le toque pronunciarse. El Gobierno busca salvar su medida más simbólica, la exhumación del dictador, aunque no tiene garantizado que pueda ejecutarla antes de las elecciones generales del 28 de abril. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo motivado por el que ordena la salida del general de Cuelgamuros y da 15 días hábiles a los nietos para que determinen un lugar alternativo de inhumación, siempre que no sea la cripta de la catedral de la Almudena. Y ese texto, de esas 56 páginas, persigue rebatir los argumentos contrarios. Así, el Ejecutivo recalca que los Franco no gozan de un "derecho absoluto" ni para exigir la permanencia de su abuelo en la basílica del Valle de los Caídos ni para decidir dónde deben ir ahora sus restos, les garantiza que podrán estar presentes en el momento del desenterramiento y avisa a la Iglesia de que entrará en el templo con o sin su autorización, porque la "inviolabilidad" de un lugar sagrado no es sinónimo de "inmunidad" ante la ley.El acuerdo del Consejo de Ministros, que fue explicado sucintamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue notificado a las partes esta misma semana, así que los plazos empiezan a correr. La resolución hace primero un repaso detallado de todas las alegaciones, recursos y recusaciones presentadas por los siete nietos del dictador, la Fundación Nacional Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y Santiago Cantera, el prior administrador de la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Tras ese resumen, que ilustra el "complicado" procedimiento al que ha tenido que hacer frente el Ejecutivo desde que aprobó el real decreto ley que permitió la exhumación de Franco, hace acopio de los fundamentos jurídicos que servirían de base para desestimar todas las alegaciones presentadas por las partes y de sustento ante el anunciado recurso judicial ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo insiste en que todo el expediente, instruido por la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre (recusada hasta en 12 ocasiones), se ha conducido en todo momento con las máximas "garantías". En definitiva, que ha ido lento pero seguro.
"No asiste a los familiares de Francisco Franco Bahamonde un derecho a exigir que su pariente permanezca en el lugar de enterramiento que le fue originariamente asignado al ser tal lugar de enterramiento un espacio de titularidad pública y corresponder, por consiguiente, a los propios poderes públicos decidir libremente el uso que haya de dársele", señala el documento. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JUANMA ROMERO - El Confidencial
