La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada intenta conseguir más tiempo para evaluar la posibilidad de investigar al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de un medio de comunicación.El despacho de instrucción judicial solicitó que se extiendan las pesquisas seguidas por el caso New Business un año más.
El fiscal David Mendoza explicó que esta es una investigación compleja que incluye desvío de fondos públicos y transacciones trasnacionales. ‘Tenemos respuestas pendientes de estas jurisdicciones', añadió.
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La fiscalía indicó que tendría que evaluar la condición de especialidad que permitió extraditar al exmandatario para determinar si cabe un proceso por otra causa distinta a los pinchazos telefónicos.
Juan Carlos Araúz, abogado especialista en Derecho Penal e Internacional, explicó que el expresidente solo podrá ser investigado y procesado por los pinchazos mientras estén vigentes las condiciones que se establecieron para su extradición a Panamá.
En este caso, según Araúz, le corresponde a la Cancillería de Panamá señalar si existen mecanismos que puedan ampliar los términos y condiciones establecidos para la extradición de Martinelli.
De acuerdo con el fiscal, el nombre de Martinelli salió a relucir en el curso de la investigación, pero ‘él tenía una condición especial que impedía que se le investigara en la justicia ordinaria. Hoy día no tiene esa prerrogativa', dijo Mendoza.
Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano, una condición que implica que solo podía ser procesado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, renunció a su curul el 21 de junio de 2018.
La investigación New Bussiness concluyó el 29 de enero de 2019, después de habérsele concedido una extensión de un año.
El fiscal, sin embargo, considera que la posibilidad de alcanzar una nueva extensión del plazo es alta. ‘El tribunal superior hizo la salvedad de que la prórroga otorgada podría extenderse un año más', aseguró.
Este proceso se adelanta por blanqueo de capitales, pero se tienen delitos financieros y contra la administración pública como actos precedentes. ‘Se utilizaron fondos públicos' procedentes de la construcción del edificio de la Asamblea Nacional y de la Autopista Arraiján-La Chorrera, señaló el fiscal.
Según la investigación, para hacer la compra del medio de comunicación se realizaron 29 transacciones en las que participaron 22 personas. De estas, 18 son personas jurídicas y 4, naturales. Estas transacciones se concretaron utilizando 24 cuentas bancarias en 13 bancos de cuatro jurisdicciones: Estados Unidos, Panamá, Suiza y China.
‘Se ha podido determinar que en un corto período de tiempo (menos de 15 días) se logró recolectar la suma de $43.9 millones, en diciembre de 2010', para la adquisición del medio, afirmó el fiscal. Hay 36 personas imputadas. Y se han realizado cinco asistencias internacionales.
En esa misma conferencia de prensa, el fiscal Sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, dio detalles del caso Blue Apple, en el cual se lavó $78.3 millones. Vásquez explicó que se han recuperado activos por $33.6 millones.
La sociedad anónima fue creada para recibir dineros producto de coimas y sobornos pagados a cambio de la agilización de trámites y pagos de proyectos de construcción adjudicados durante el período 2009 – 2014.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - http://laestrella.com.pa
