El caso Emperador estalló hace ya casi siete años. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, coordinados por la Audiencia Nacional, destaparon una supuesta mafia china que, según los investigadores, defraudaba a Hacienda, blanqueaba dinero y maltrataba a sus trabajadores bajo el liderazgo directo del empresario Gao Ping, afincado en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Los agentes detuvieron inicialmente a un centenar de personas y rastrearon una red cuyos tentáculos alcanzaban al mundo de la nobleza, de la empresa, del espectáculo e incluso de la propia Policía.Desde aquellas primeras redadas de 2012, sin embargo, la investigación ha ido avanzando a trompicones y de forma muy lenta, al menos en lo que refiere a la estructura principal del caso. Sí que ha concluido, aunque con poco éxito desde el punto de vista de los investigadores, la derivada que acusaba a la red de policías supuestamente comprados por Gao Ping. Todos ellos fueron absueltos tanto por la Audiencia Nacional en primera instancia como por el Tribunal Supremo, que concluyó que no había delito alguno por el que condenar a este grupo de funcionarios que habían tenido contacto con los líderes de la trama.
La pieza principal del procedimiento continúa su curso en los tribunales. En concreto, el pasado diciembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó la instrucción que el Juzgado Central 4 había mantenía abierta desde 2011. La decisión del tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, iba en contra del criterio esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción, que pretendía alargar aún más la investigación con el fin de determinar con fuerza probatoria concluyente la acusación contra los principales líderes del entramado.
FUENTE: Con información de ROBERTO R. BALLESTEROS - El Confidencial
