La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el Partido Popular de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. El dinero llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, y permitió a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros. Los investigadores implican en la trama a Esperanza Aguirre y a sus hombres de confianza en el Gobierno regional, Ignacio González y Francisco Granados.Así consta en un nuevo informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso El Confidencial, que se centra en las relaciones comerciales de Indra con un grupo de mercantiles dedicadas teóricamente a la formación de empleados, la comunicación y la publicidad. Los agentes sostienen que la tecnológica española, participada por el Estado, pagó a esta red de sociedades, controladas por el empresario Óscar Sánchez Moyano, servicios que en realidad nunca se prestaron. Como adelantó El Confidencial, la propia Indra admitió que había localizado las facturas bajo sospecha pero no había encontrado ningún elemento que probara que efectivamente había recibido alguna contraprestación a cambio.
Una vez estaba el dinero en las empresas de Sánchez Moyano, se ponía en marcha la segunda fase. Los fondos de Indra eran nuevamente transferidos a otro grupo de compañías gestionadas por un administrador distinto, el publicista Juantxo Madoz, proveedor habitual de Génova. Una vez allí, el dinero de la cotizada se usaba para sufragar costes no declarados de campañas electorales del PP o para asumir otros gastos ordinarios del partido.
En realidad, el dinero de las donaciones no salía de Indra, sino del presupuesto madrileño. La UCO vincula esas aportaciones con las adjudicaciones millonarias concedidas a la tecnológica por un ente público tutelado por el Gobierno de Aguirre, la antigua Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, más conocida por sus siglas, ICM. En concreto, esta empresa pública asignó contratos por importe de 16,1 millones de euros en 2011; de 13,2 millones en 2012, y de 15 millones en 2013. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA - El Confidencial
