Por Julián Navarrete - Una explosión en un barrio de Managua pudo mostrar la moral del país. En el año 1993 se produjo una serie de explosiones accidentales en el barrio Santa Rosa que revelaron una trama de guerrillas internacionales manejadas por el grupo terrorista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA).Aquel era un falso taller de mecánico que disfrazaba un verdadero taller de armas de Eusebio Arzalluz, reconocido miembro de ETA y jefe de logística de la organización. Las armas que encontraron tras la explosión, cuya onda expansiva dejó una persona muerta, siete heridos, casas destruidas y unos 15 vehículos quemados, fueron asumidas ante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro por una de las facciones del Frente Farabundo Martí de El Salvador.
Más adelante entenderemos la magnitud internacional que hubo tras el hallazgo, en el que no solo encontraron misiles SAM-7, lanzagranadas y una inmensa cantidad de municiones que no explotó, sino que también hallaron documentos y más de 300 pasaportes, entre ellos el del propio Arzalluz, nacionalizado nicaragüense con el nombre de Miguel Antonio Larios Moreno.
Se sabe que tras la victoria del Frente Sandinista en 1979, Nicaragua se convirtió en un lugar que acogía a toda la izquierda revolucionaria latinoamericana, pasando desde el MIR chileno, Montoneros y ERP argentinos, hasta Tupamaros uruguayos y miembros del Sendero Luminoso peruano, que al cabo de los años todavía se debate entre si son grupos libertarios legítimos o agrupaciones terroristas.
Sin embargo, años más tarde hay registros de personas que se han refugiado en Nicaragua tras ser buscadas en sus países por crímenes, corrupción, narcotráfico, e incluso terrorismo. En Magazine hicimos un recorrido de las acogidas a miembros de ETA, Pablo Escobar y miembros del Cártel de Medellín, el italiano Alessio Casimirri, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes y otros personajes que han recibido cédulas de identidad: miembros de la FARC colombiana, el narcotraficante conocido como el Palidejo y traficante de personas.
¿Por qué escogen a Nicaragua?
La foto que filtró Barry Seal en la que se ve a Pablo Escobar y demás integrantes del Cártel de Medellín trasegando drogas y dinero junto a miembros del Ministerio del Interior en 1984 alarmó a la inteligencia de Estados Unidos por lo que significaba: guerrillas de izquierda financiadas por el narcotráfico.
Pablo Escobar, el reconocido capo colombiano, vino a Nicaragua en horas bajas. La policía colombiana lo buscaba por el asesinato del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Primero huyó a Panamá, pero no confiaba en el presidente de entonces, Manuel Antonio Noriega, por haberlo traicionado con la incautación de un laboratorio de drogas.
En los libros de Virginia Vallejo, “Amando a Pablo, odiando a Escobar” y del hijo del capo, Sebastián Marroquín, “Mi padre: Pablo Escobar”, las historias que no deberíamos saber, más los testimonios de sus guardaespaldas, indican que el narcotraficante colombiano fue protegido por los sandinistas y estuvo viviendo en el país durante más de dos meses.
El hijo de Escobar relata en su libro que dos militares nicaragüenses lo acompañaron junto a Gonzalo Rodríguez Gacha “el Mexicano” en el avión que pilotaba Seal para explorar nuevas rutas para el tráfico de cocaína. “Por varios días recorrieron en un helicóptero del Ejército los numerosos lagos y lagunas y las cadenas volcánicas identificando lugares más adecuados para la construcción de laboratorios y pistas de aterrizaje”, escribe Marroquín.
El propio comandante Tomás Borge dijo en una entrevista en 2005 que el Cártel de Medellín hizo una oferta al Gobierno de Nicaragua para que le dispusiera un aeropuerto y un laboratorio dedicados al narcotráfico. “La Dirección Nacional en pleno se reunió en ese momento para discutirla y, por unanimidad, se decidió que nuestro mayor tesoro era nuestra honestidad y que, por lo tanto, era inaceptable cualquier sugerencia en ese sentido”, dijo Borge.
Pablo Escobar, en vida, nunca quiso referirse sobre el tema.
Ya son casi tres años desde que el expresidente Mauricio Funes está asilado en Nicaragua. Según publicaciones de La Prensa en el año 2016, vivía en ese momento en una lujosa casa en el residencial Las Colinas de Managua. Custodiado por dos policías y con dos vehículos a su disposición.
Funes admitió haber pedido asilo en Nicaragua por recomendación de su partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), después de “sufrir una persecución política y que su vida se encontrara en peligro”. Sin embargo, la realidad es que huyó de su país después que la Fiscalía de El Salvador ordenara un juicio civil por enriquecimiento ilícito por más de 700 mil dólares.
El asilo de Funes fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 6 de septiembre de 2016. El asilo político era inferior a una semana, pero incluía a su compañera Ada Michell Guzmán, y sus hijos, Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años; Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años y un menor de edad.
Dos años más tarde, la Fiscalía confirma la existencia de una orden de captura contra Funes por la supuesta malversación de más de 351 mil dólares estatales e inició un primer proceso penal. Actualmente tiene cuatro causas penales abiertas, la policía de El Salvador ha solicitado a la Interpol la alerta roja para capturarlo y en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó una solicitud de extradición.
Sin embargo, los diputados sandinistas y algunos representantes del Gobierno de Nicaragua dijeron que Funes es “un refugiado” político. “No hay razón para que se le pueda entregar a El Salvador. Ya tiene un estatus de asilado político y eso lo protege de cualquier solicitud de extradición”, afirmó el diputado sandinista Jacinto Suárez.
De manera que la suerte de Funes, por el momento, depende del gobierno de Daniel Ortega, quien le otorgó el asilo. “En la doctrina del derecho internacional, en el derecho de asilo, el país que da asilo es el que tiene la última palabra, aunque resulte evidente que se está protegiendo a un delincuente”, dijo el jurista Carlos Tünnermann Bernheim.
La única forma en que el Gobierno de Nicaragua pudiera aprobar la extradición de Funes o cualquier otro asilado político perseguido por corrupción, es mediante el Convenio Interamericano contra la Corrupción, ratificado por Nicaragua desde 1999, ya que los delitos contra el expresidente están ligados con esta temática: peculado y lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública.
Por el momento, no obstante, Funes sigue en Nicaragua y se hace escuchar por Twitter: “Me tiene sin cuidado la posición de Nayib (Bukele) y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua”.
En Italia, Alessio Casimirri ha sido condenado a seis cadenas perpetuas. En Nicaragua, tiene uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. Por este hombre de 69 años de edad, con rostro ágil y aire de inocente, se han hecho varias solicitudes de extradición por el secuestro y asesinato del ex primer ministro de justicia italiana, Aldo Moro, en 1978.
La última petición de extradición fue hecha el 14 de marzo por el Parlamento Europeo. Sin embargo, la Justicia en Nicaragua no ha respondido públicamente sobre el caso.
Lo cierto es que Casimirri llegó al país en 1983, cinco año después del asesinato de Moro. Se identificó como miembro de las Brigadas Rojas y cinco años después se nacionalizó nicaragüense. “Me vine a Nicaragua por un curso de buceo en la Costa Atlántica, también porque me decían que habían dos océanos. Además yo siempre quise vivir en un país tropical”, dijo a Magazine en 2007.
Las Brigadas Rojas fue un movimiento nacido en 1969, considerado terrorista revolucionario mediante el cual sus miembros pretendían atraer al proletariado hacia posturas insurreccionales. En sus inicios la mayoría de quienes lo conformaban eran estudiantes y trabajadores. Las Engate Rosse, como eran llamadas en Italia, fueron consideradas especialistas en secuestros y asesinatos de miembros del Gobierno y empresarios italianos.
Las Brigadas Rojas fueron culpadas por el crimen de Moro, que reventó hasta 15 años después, a inicios de la década de los años 90, cuando Casimirri ya era nicaragüense. Desde 1996 la Fiscalía italiana ha pedido su extradición pero la Corte Suprema de Justicia nicaragüense ha fallado siempre a su favor, porque la condición de asilado político o perseguido lo ha librado de la justicia italiana.
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Además de refugiados políticos, algunos de estos personajes han sido nombrados en cargos diplomáticos. Este es el caso de Mohamed Farra Lashtar, sobrino del exdictador de Libia, Muammar Gadafi, quien es embajador de Nicaragua en Kuwait, Egipto y recientemente fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Arabia Saudita.
Lashtar, quien antes fungió como secretario privado de Ortega y diputado suplente ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), es uno de los miembros del gabinete de Daniel Ortega menos conocido. A raíz del escándalo mundial de los Panama Papers resultó mencionado como representante de la empresa Laurel Properties. Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua nunca se ha referido al tema.
Estados Unidos mostró preocupación por la presencia en el gabinete de Nicaragua de este personaje, que trabajó para los servicios de Inteligencia del propio dictador libio, según el diario La Nación de Costa Rica.
Esta información asegura que Lashtar fue el responsable de gestionar el dinero libio para las campañas políticas de Ortega en las elecciones. Hasta la fecha, el gobierno no se ha referido al tema.
Otro de los internacionales diplomáticos en Nicaragua fue el italiano Maurizio Carlo Alberto Gelli, quien fungió como embajador en Uruguay entre 2013 y 2017. Gelli en 1999 fue mencionado en una nota del diario español El Mundo como un supuesto sospechoso para la justicia italiana de intentar blanquear la fortuna que ilegalmente habría tejido su padre, Licio Gelli, mafioso y fascista confeso, calculada en más 1.2 mil millones de dólares.
Quién diría que el mecánico del taller de Santa Rosa iba a ser nada más y nada menos que Eusebio Arzalluz, conocido como Paticorto, una de las fichas más importantes del grupo terrorista vasco ETA. Después de semejante explosión, Arzalluz fue visto en la frontera con Costa Rica y desapareció como fantasma.
El estallido en el barrio Santa Rosa ocurrió a las tres de la mañana del 27 de mayo de 1993. La Policía acordonó el sitio y los expertos comenzaron a extraer de un enorme hueco, de varios diámetros, un gran cantidad de armamentos, como fusiles AK, morteros, ametralladoras y bandas de tiros de distintos calibres.
También se encontraron documentos, entre ellos un rollo de pasaportes y propaganda de la guerrilla salvadoreña. Tras huir de Nicaragua, se sospechó que Arzalluz salió con rumbo a Panamá, donde las estructuras del tráfico de armas le ofrecían clandestinidad. Sin embargo, ahora se sabe que fue a Colombia e instruyó a guerrilleros del castrista Ejército de Liberación Nacional. Para ello, según el experto en seguridad Roberto Orozco, montó un complicado sistema de secuestros que hasta la fecha ha sacudido los cimientos de Colombia.
El terrorista vasco llegó a Nicaragua a mediados de la década de los años 80. Fue asesor del Ministerio del Interior, que era dirigido entonces por Tomás Borge Martínez. Desde entonces, junto a otros miembros de la ETA que llegaron en distintos momentos a Nicaragua y que fueron acogidos por el gobierno de ese entonces, participó inicialmente en el enfrentamiento a los contras en las zonas de Jinotega y Matagalpa, donde los etarras efectuaban interrogatorios a los campesinos capturados por sospechas de “contrarrevolucionarios”.
Arzalluz y los etarras fueron integrados a la Dirección Quinta del Mint, la sede de Inteligencia sandinista mejor preparada y mejor equipada con la que contó en la década de los años 80, y, tras la derrota electoral de 1990, se dedicó a la construcción de escondrijos de armas para su posterior venta a movimientos guerrilleros de izquierda, principalmente colombianos.
La envergadura del Buzón de Santa Rosa, como se le conoció después del estallido a ese escondite de armas, aún se desconoce. Era, además, un centro de almacenamiento de información de Inteligencia de las FPL y otros movimientos de izquierda latinoamericanos.
En el lugar se encontraron 307 pasaportes de 22 países y una lista de las primeras 500 empresas latinoamericanas, las 10 primeras en el mundo y los principales grupos empresariales de Brasil y México.
Había también las rutas principales y requisitos migratorios para ir a Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.
Dentro de los documentos estaba una breve caracterización de empresarios y grupos económicos, que varios meses después fueron secuestrados. Entre ellos, el empresario mexicano Alfredo Harp Helú, primo del magnate Carlos Slim Helú, cuya documentación también fue encontrada en el Buzón de Santa Rosa.
Cedulazos
En Nicaragua se ha comprobado que una serie de delincuentes han logrado tramitar la cédula de identidad nicaragüense. Aquí recopilamos algunos de los casos de los últimos años.
Sergio Antonio Umaña Salamanca: este ciudadanos salvadoreño está vinculado a las maras. Según documentación oficial del caso, está relacionado a la creación de una “sucursal” de las maras para lavado de dinero y crimen organizado, le emitieron una cédula de identidad con el nombre de Manuel Luna Salmerón mediante una operación de reposición de partida de nacimiento.
Amauri Carmona Morelos: de origen colombiano vinculado al cártel de Cali. Estuvo involucrado en una emboscada a una patrulla combinada de policías y militares en diciembre de 2009 en Walpasiksa, en el Caribe Norte, donde murieron tres agente de policías. Este sujeto en 2008 obtuvo la cédula 401-190865-0008X con el nombre de “José Alberto Ruiz Cano”.
Palidejo: Su nombre es Alejandro Jiménez y está vinculado a diversos cárteles de México. En Nicaragua obtuvo cédula de identidad 003-220669-0002R a nombre de José Fernando Treminio Díaz, quien gracias a ese documento pudo sacar un pasaporte nicaragüense.
Mohamed Helai Khab: ciudadano de origen asiático, originario de Bangladesh tenía cédula de identidad nicaragüense con el número 777-010473-0000u. Él fue acusado por dirigir una estructura delincuencial en territorio nica, dedicada al tráfico ilegal de migrantes, según las investigaciones de la Policía Nacional. Helai Khab ocultaba en una vivienda de Managua a nueve indocumentados originarios de Sri Lanka y Bangladés. Fue señalado de dirigir en Nicaragua una estructura delincuencial dedicada al tráfico ilegal de migrantes, cuya ruta de traslado iniciaba en Asia, pasaba por América del Sur, Centroamérica y tenía como destino final Estados Unidos.
FARC: Mucho antes de estos casos se conoció el expediente de otra cédula nicaragüense de un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización calificada como terrorista y narcotraficante por diversas agencias de seguridad mundial, incluyendo las agencias estadounidenses. El 2 de octubre de 2008, una investigación publicada en LA PRENSA por el periodista Octavio Enríquez, descubrió que el alto miembro de las FARC, Alberto Bermúdez, alias el Cojo, tenía a su disposición la cédula nicaragüense número 001-080357-0062M. Luego de concluir un trámite irregular y expedito ante el CSE, el colombiano Bermúdez asumió la identidad de René Alberto Gutiérrez Pastrán, a quien le entregaron su cédula nicaragüense. Este último caso se descubrió en parte porque el nombre de Bermúdez apareció mencionado en los correos electrónicos encontrados en la computadora del jefe de las FARC, “Raúl Reyes”, portavoz internacional de esa guerrilla, aniquilado en 2008 en el bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana a una base guerrillera asentada en una zona fronteriza de Ecuador.
FUENTE: Con información de laprensa.com.ni
