Un punto que destaca el documento del Departamento de Estado es que solo la ley panameña puede iniciar investigaciones de corrupción contra miembros del tribunal supremo y viceversa, lo que lleva a un ‘pacto de no agresión' entre ambos poderes.
Según el documento, firmas de abogados estadounidenses han reportado un trato inconsistente, injusto o mediocre de parte de los tribunales panameños.
Para reforzar la tesis sobre el sistema judicial nacional, el Departamento de Estado acude al Informe de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial. El estudio calificó la independencia judicial de Panamá en la posición 120 de 137 países, calificándose como uno de los puntos que más lastra la competitividad del país.
Otro informe previo de la misma dependencia estadounidense sobre los Derechos Humanos, publicado en marzo de 2019, calificó la corrupción como uno de los problemas más graves de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en las fuerzas de seguridad.
El documento hacía referencia a una serie de escándalos de corrupción relacionados con el uso de fondos públicos por parte de diputados de la Asamblea Nacional.
Uno de los temas en que se sustenta este reporte es la corrupción imperante en las autoridades y las 186 auditorías que presentó la Contraloría General de la República, en febrero de 2019, ante el Ministerio Público.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - La Estrella de Panamá
