El presidente Laurentino Cortizo y su ministro de Seguridad, Rolando Mirones, desmintieron a la procuradora Kenia Porcell, quien afirmó que se están "desmantelando" las fiscalías anticorrupción al ordenar el traslado de policías de la Dirección de Investigación Judicial asignados a casos emblemáticos, como el de los sobornos de Odebrecht."El que diga que se está desmantelando a la Dirección de Investigación Judicial es falso y está mintiendo", dijo Cortizo, explicando que la decisión de cambiar a funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial que cumplían tareas en el Ministerio Público obedece a un derecho constitucional de estos de acogerse a vacaciones.
La procuradora general de la nación, Kenia Porcell, se quejó de que el nuevo Gobierno está debilitando las diferentes fiscalías anticorrupción, a través de cambios y traslados de unos 18 funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, que trabajaron en las investigaciones de alto perfil que adelanta esa institución.
Con esta acción se estaría desmantelando la procuraduría paralela que funcionó en el gobierno de Juan Carlos Varela, la cual estuvo comandada por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, el comisionado Rolando López, y que fue objeto de críticas y denuncias por parte de algunos abogados y miembros de la sociedad civil.
Funcionarios y empresarios, que durante la administración pasada fueron sometidos por actuaciones de fiscales del Ministerio Público, en reiteradas ocasiones denunciaron que sus indagatorias fueron militarizadas, ya que en las mismas siempre estaban presentes miembros de la Policía Nacional o del Consejo de Seguridad Nacional.
Igualmente el papel de los miembros del Consejo de Seguridad quedó en evidencia cuando en una de las audiencias, en las que compareció el testigo protegido, se descubrió cómo un agente policial se mantenía dándole seguridad al declarante y siguiendo de cerca su actuación en el juicio seguido al expresidente Ricardo Martinelli.
Uno de los que contrastó las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell fue el abogado Miguel Antonio Bernal, quien aseguró que para nadie es un secreto que durante los últimos años, quienes en realidad han estado ejerciendo las funciones en el Ministerio Público han sido una serie de comisionados y agentes de policía que no tienen nada que hacer allí.
"La manera en que ella sale a quejarse empastelando esa situación con la insistencia de que ella no se va del cargo y no va a renunciar, es lo que despierta una serie de interrogantes", enfatizó el abogado, destacando que al mismo tiempo pone, por otro lado, al secretario general del MP, Rolando Rodríguez, a decir una serie de sandeces con relación a la denuncia que se puso contra el expresidente Juan Carlos Varela.
Bernal añadió que le llama la atención que Rolando Rodríguez salió a manifestar una serie de situaciones haciendo gala de una ignorancia inexcusable y, la procuradora Porcell sale a hacer "berrinches" planificados, esto frente a una ciudadanía que no reacciona ante tantas actuaciones de violación a la Constitución y la Ley; así como el ocultamiento de toda una serie de delitos perpetrados por Odebrecht que ella está manejando de forma secreta a la opinión pública para proteger al expresidente Varela y sus allegados, indicó el catedrático.
Por su parte, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino manifestó que quienes fueron indagados como él por el MP, vivieron que los despachos de la fiscalía se convirtieron en cuarteles policiales.
"Ella y Varela se creyeron eternos y abusaron y atropellaron so pretexto de justicia que fue venganza", indicó el exministro.
Mulino aseguró que esta situación que se ha dado le recuerda la crisis que terminó con el juicio del exprocurador Rogelio Cruz en 1992. "El encubrimiento es delito y eso pasó con los varelistas", agregó. "La DIJ es auxiliar pero no fiscal. Ellos de manera dolosa torcieron la ley. Ahora sin poder político que paguen. Buena decisión desmantelar ese aparato perverso", expresó.
Aclaración
Ante los señalamientos emitidos por la procuradora Porcell, el Ministerio de Seguridad Pública emitió un comunicado en donde indicó que al Ministerio Público no se le quitó el apoyo, sino que el personal fue rotado a otros puestos.
"La Policía Nacional tenía un equipo de 18 personas asignadas al MP, reiteramos que solo se enviaron 4 personas de vacaciones; es decir, los 15 policías investigadores restantes fueron sacados de la oficina en la que laboraban, les bloquearon el acceso al trabajo sin explicación sustentada", indica el comunicado.
Entre los cuatro enviados de vacaciones está Daniel Arroyo, considerado la mano derecha de Porcell y con mucha influencia en el Ministerio Público.
Una acción que según el Ministerio de Seguridad impidió a las nuevas autoridades conocer la información policial y los antecedentes de todo lo que hicieron por 5 años los policías asignados al MP.
FUENTE: Con información de Luis Ávila - Panamá América
