El máximo responsable de la Operación Chamartín hasta hace dos semanas, Antonio Béjar, ordenó presuntamente durante su etapa en la dirección de BBVA la contratación del comisario Villarejo para que investigara dos compañías que mantenían deudas con la entidad. El objetivo de estas dos nuevas operaciones de espionaje pagadas por BBVA y desconocidas hasta ahora fueron las inmobiliarias andaluzas Prasa y Osuna. El policía rastreó a sus respectivos accionistas de referencia para tratar de comprobar si habían cometido un alzamiento de bienes para evitar el pago de los créditos millonarios concedidos por el banco a las sociedades.El pinchazo de la burbuja del ladrillo fue una fuente inagotable de trabajo para Villarejo, que aprovechó esos años para convertirse en una suerte de cobrador del frac. La Audiencia Nacional investiga ahora los encargos que recibió de BBVA para rastrear el patrimonio de clientes morosos en la pieza separada de la llamada operación Tándem, que se centra en las relaciones de la entidad con el policía. El instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, cuenta con la ayuda del propio Béjar, que ha decidido empezar a colaborar con la Justicia coincidiendo con su reciente cese de la presidencia de Distrito Castellana Norte, el consorcio encargado de impulsar la Operación Chamartín.
Béjar es una de las mejores fuentes que podían encontrar los investigadores para desentrañar los vínculos del segundo banco de España con el comisario. Entre 2008 y 2012, fue el jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de la entidad. Después fue ascendido por el entonces presidente, Francisco González, a la dirección de toda la División Inmobiliaria, donde permaneció hasta 2014, cuando el banco lo colocó al frente del mayor proyecto urbanístico de Europa. Su etapa en la entidad coincidió con el pinchazo del 'boom' urbanístico y optó por recurrir a Villarejo para tratar de rebajar los créditos impagados por promotores.
Según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, BBVA pidió al policía que averiguara si Nicolás Osuna, considerado el hombre más rico de Andalucía y máximo accionista de la promotora que lleva su apellido, había utilizado a familiares, testaferros o sociedades instrumentales para vaciar parte de los activos de su 'holding' con la intención de que no pudieran ser ejecutados por la entidad para minorar el impago de préstamos inmobiliarios. Lo cierto es que, en 2014, Osuna llegó a acumular con BBVA y Popular una deuda de 600 millones de euros. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - El Confidencial
