Un empresario hispano-venezolano ha puesto en jaque a Costa Rica. Se trata de Alejandro Díaz Gaspar, empresario hijo de españoles emigrados a Venezuela, que ha llevado al gobierno costarricense a un arbitraje ante el Banco Mundial por el cierre de su negocio de pollos tras una presunta campaña de desprestigio. Sobre la mesa, una indemnización de unos 100 millones de dólares (90 millones de euros al cambio actual) por daños materiales y un millón más por daños morales.Según denuncia Díaz Gaspar, su planta de producción de pollos Ibérico fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por las autoridades de Costa Rica que le obligó a cerrar hace ahora tres años. Todo empezó, según explican desde el entorno de Díaz Gaspar, cuando un constructor inició un proyecto en unos terrenos adyacentes de Ibérico y consideró que la presencia de la planta productora podía afectar al valor de su inversión.
A partir de ahí, siempre según las citadas fuentes, Ibérico sufrió una campaña difamatoria a la que siguieron una serie de inspecciones por parte de las autoridades sanitarias que terminaron provocando el cierre de la compañía. Ibérico, muy conocida en el país, tenía empleadas a unas 900 personas. Previamente, también había denunciado el impacto de una batería de medidas proteccionistas aprobada por el Gobierno que también afectó a compañías canadienses y norteamericanas.
"El señor Díaz Gaspar argumenta que el Gobierno de Costa Rica ha incumplido el acuerdo referido [Tratado bilateral de Costa Rica y España de 1997] a través de supuestas actuaciones arbitrarias por parte de autoridades administrativas que culminaron con el cierre de su negocio de producción y comercialización de embutidos de pollo", señala a El Confidencial el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. "El Gobierno ejercerá la defensa de los intereses nacionales en el proceso arbitral interpuesto por el señor Díaz Gaspar, siempre teniendo como norte el respeto del derecho internacional, y el compromiso por brindar reglas claras y seguridad jurídica en nuestras relaciones de comercio y de inversión".
Tras iniciar el procedimiento arbitral el pasado abril, este verano ambas partes han elegido a dos de los árbitros que formarán parte del tribunal que dirimirá el caso: el mexicano Luis González García ha sido elegido por Costa Rica y el norteamericano Adolfo Jiménez por Díaz Gaspar, que ha fichado a Hogan Lovells y WDA Legal para llevar el asunto. El tribunal estará presidido por el francés Alexis Mourre, que ha sido acordado por ambas partes y ha aceptado el encargo. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de ÁLVARO G. ZARZALEJOS - El Confidencial
