Además, Quezada ha sido condenada a pagar 250.000 euros (273.000 dólares) a cada uno de los padres del menor por daños morales y tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros durante los próximos 30 años. Finalmente, la mujer deberá cubrir los gastos estatales empleados para la búsqueda del niño, valorados en más de 200.000 euros (218.000 dólares).
La sentencia fue aprobada por unanimidad por todos los miembros del jurado e incluyó dos delitos de lesiones psíquicas cometidos contra los progenitores del niño. El tribunal consideró que la relación sentimental de la acusada con el padre de Gabriel generó confianza en el menor, ya que estaba "íntimamente vinculada a su entorno familiar".
Por esta razón, el niño "accedió a acudir con la acusada a la finca de Rodalquilar", lugar donde Quezada asesinó al pequeño de manera "intencionada, súbita y repentina", según señala el comunicado del Poder Juridicial de España. El texto agrega que Gabriel falleció "como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios, por asfixia mecánica por sofocación".
Al recopilar los hechos, las autoridades recuerdan que la acusada "simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria".
El caso de Gabriel Cruz
Gabriel desapareció el 27 de febrero de 2018 y se llevó a cabo una intensa búsqueda en la que participaron unos 2.600 voluntarios, incluida la propia Quezada.
Desde muy pronto, las sospechas de la Policía recayeron sobre ella, hasta que 12 días después de la desaparición fue detenida mientras llevaba en el maletero de su vehículo el cadáver del niño. Durante el juicio, Quezada reconoció que lo mató asfixiándolo. El caso conmocionó a la opinión pública, que salió a la calle en multitudinarias manifestaciones para mostrar su apoyo a la familia.
FUENTE: Con información de Actualidad RT